Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil

...Pues como todo poder que se concede con el encargo de cumplir un fin determinado ha de limitarse a la consecución de ese fin, siempre que el fin en cuestión sea manifiestamente olvidado o antagonizado resultara necesario retirar la confianza que se había puesto en quienes tenían la misión de cumplirlo; así, el poder volverá a manos de aquellos que lo concedieron, los cuales podran disponer de él como les parezca más conveniente para su proteccion y seguridad. De este modo la comunidad, conserva siempre un poder supremo de salvarse a si misma frente a posibles amenazas e intenciones maliciosas provenientes de cualquier persona, incluso de los legisladores mismos; pues puede ocurrir que éstos sean tan insensatos o tan malvados como para planear y llevar a cabo proyectos que vayan contra la libertad y la propiedad de los súbditos....
John Locke


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Trabajos



IMAGEN DE LA FUERZA ARMADA VENEZOLANA 
DE FINALES DEL SIGLO XX E INICIOS DEL XXI
Por
Regulo Humberto Díaz Vega
Marzo, 2005
Trabajo Especial de Grado presentado a la Universidad Simón Bolívar por Regulo Humberto Díaz Vega
Como requisito parcial para optar al grado de Especialista en Opinión Pública y Comunicación Política Realizado con la tutoría del Profesor Herbert Koeneke, Ph.D
RESUMEN
El propósito de este trabajo fue caracterizar la imagen de la Fuerza Armada Venezolana de finales del siglo XX e inicios del XXI. El procedimiento para realizar este trabajo estuvo dividido fundamentalmente en dos fases: la primera, fue la de compilación y sistematización de toda la información que se procesó. La segunda consistió en el análisis de todo el material disponible y recabado para presentar las conclusiones respectivas. Al inicio del mismo enfocamos el papel de la FAN, tal como esta definido en la Constitución de 1961 y en la de 1999; seguidamente pasamos a analizar los hechos político - sociales mas significativos que ocurrieron en el país en el período 1992-2004 y que pudieron haber influenciado en la evaluación de la FAN por parte de la ciudadanía; en el siguiente capítulo mostramos los resultados de esos estudios en relación con la FAN, habiendo llegado a las conclusiones siguientes: 1. Los estudios de opinión pública utilizados en este trabajo revelan la existencia de tres grupos de instituciones claramente diferenciadas en relación con la confianza que los ciudadanos, depositan en ellas: Grupo 1:Iglesia, MCS, FAN y Universidades; Grupo 2: Empresarios y Gobierno Nacional Grupo 3: Partidos Políticos, Poder Judicial y Asamblea Nacional. Los niveles de confianza en estas instituciones no son uniformes y no se expresan de la misma manera en los diferentes sectores sociales; en el caso específico de la FAN, la inclinación política, el sexo, el nivel socio económico y la edad influyen directamente en el nivel de confianza que manifiestan en torno a ella. Finalmente, los datos aportados sobre la percepción del público, en relación con la FAN nos indican que los ciudadanos no creen ciegamente en ella como institución reguladora de la sociedad especialmente cuando se trata de defender uno de los valores mas preciados por la sociedad venezolana: la Libertad.
Palabras claves: Imagen, Fuerza Armada Nacional, instituciones, confianza
1. Preliminar.
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
Las instituciones por medio de las cuales funciona una sociedad, constituyen las mediaciones que contribuyen a entramar su tejido. De allí que en la medida en que estas instituciones tengan fuerza, en la medida en que susciten credibilidad, confianza y convicción de que trabajan por el país, en la medida en que la gente las acepte y participe en ellas, en esa misma medida contribuirán a integrar a los individuos en la sociedad. Tal es el caso de la Fuerza Armada Nacional (FAN), organización o institución que hemos escogido como punto de referencia para la elaboración del presente trabajo, dada su participación activa en el acontecer político que vive el país, especialmente desde el inicio del llamado “proceso revolucionario”.
Hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la Fuerza Armada Venezolana (FAN), con muy pocas variantes, ha gozado de prestigio, credibilidad y confianza entre los venezolanos, gracias al rol que tradicionalmente había desempeñado, concretamente, garantizar la vigencia de la Constitución y las leyes de la República; el de ser garante de la independencia y soberanía de la nación, así como el de actuar en forma no deliberante y apolítica. En términos de la confianza institucional evaluada la FAN ha compartido en los diferentes estudios de opinión pública tanto nacionales como extranjeros, con los Medios de Comunicación Social (MCS), las Universidades y la Iglesia los primeros lugares en el índice de credibilidad. En tal sentido, las variables confianza, credibilidad y trabajo por el país por parte de las instituciones nos presentan una visión de la valoración pública de la gestión de las mismas, al tiempo que nos permiten visualizar su imagen, en función de que ellas mismas puedan introducir los cambios que deban realizarse a objeto de construir un espacio de confianza institucional adecuado a los nuevos tiempos.
Desde la llegada de Hugo Chávez Frías a la Presidencia, un ex – militar que, el 4 de febrero de 1992 protagonizó una rebelión militar en contra del gobierno legítimamente constituido de Carlos Andres Pérez, para tomar el poder y cambiar el orden constitucional, y con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en el año de 1999, a la institución armada se le asignan nuevos roles, como el de la “participación en el desarrollo nacional”, al tiempo que se elimina el carácter de “apoliticismo y no deliberancia” del texto constitucional. A lo que se añade su unificación en un solo cuerpo armado, tal y como lo dispone la exposición de motivos de la CRBV (2002): “Para la mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados por la Constitución, se unifica a las Fuerzas Armadas Nacionales en un cuerpo militar uniforme denominado Fuerza Armada Nacional” (p. 126); así como la utilización de muchos de sus miembros en funciones públicas distintas a las reservadas para sus integrantes.
Estos hechos y muchos otros, han generado diversos cuestionamientos por parte de sectores sociales y en general de la sociedad civil sobre la relación del binomio Fuerza Armada Nacional – Gobierno, al punto de que la percepción general del público es que los MCS, junto a la iglesia católica y las universidades son las instituciones que más trabajan por el país, mientras que la FAN y el gobierno son las instituciones que acusan el mayor desgaste; al mismo tiempo que considera que la participación de militares en las distintas áreas de la administración pública del Estado es inconveniente y a estimar que el gobierno se está “militarizando”, dada la marcada influencia de la institución en el acontecer político del país. Así, se ha considerado trascendente estudiar dicha relación, con el propósito de analizar su influencia que en la imagen de la Fuerza Armada Nacional. El estudio planteado ayudará, entre otros aspectos, a conocer la correspondencia Fuerza Armada – Gobierno, sus implicaciones en la percepción de la institución armada por parte de la comunidad nacional; al tiempo que proporcionará información que será útil, tanto para los miembros de dicha institución, como para el gobierno, sobre cómo observa el Público a una de las instituciones que, a lo largo de la vida política y democrática del país, le ha generado mayor confianza. ¿Puede la Fuerza Armada Nacional en el contexto político y social actual, ser una institución que realmente participa en el desarrollo nacional? ¿Cuál es el grado de confianza y credibilidad que los sectores políticos le otorgan a la FAN?
Estas y otras reflexiones surgen cuando se desea realizar un análisis del papel que esta institución ha jugado en la vida del país. No obstante, a pesar de las posturas políticas con las cuales parecieran vincularse a sectores de la Fuerza Armada Nacional, ¿sigue siendo percibida por la sociedad como una organización que genera confianza?, ¿creíble?.
El propósito de este trabajo es realizar un análisis de cuál ha sido la imagen de la FAN de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en comparación con el resto de organismos públicos y privados evaluados por las empresas encuestadoras, nacionales y extranjeras en las distintas mediciones de opinión pública que a lo largo de los últimos años se han realizado, así como conocer los factores considerados para evaluarla positiva o negativamente.
2. Justificación.
Este trabajo es pertinente por las razones siguientes: 1.- Por lo actual y relevante del tema planteado, dada la conflictividad política existente en Venezuela desde que Hugo Chávez asumió el poder. 2.- Porque los trabajos sobre historia política reciente venezolana que hayan tratado el tema es escasa, por lo que pretendemos contribuir a aclarar aspectos de la FAN no tratados hasta el momento. 3.- Porque los estudios que se han realizado en Venezuela no se han dedicado al análisis en profundidad del entorno de opinión pública y de comunicación política de la imagen de la institución que se evalúa.
3. MarcoMetodológico.
El procedimiento para realizar este trabajo puede dividirse fundamentalmente en dos fases: la primera fue la de compilación y sistematización de la información relevante para describir y evaluar la imagen de la FAN. La segunda consistió en el análisis del material disponible y recabado para describir tendencias de opinión pública en torno a la institución y explorar posibles explicaciones de estas variaciones o tendencias durante los últimos años (1992 – 2004). Se trata, en síntesis, de un estudio descriptivo y exploratorio.
3.1.
Primera Fase.
3.1.1. Compilación de material bibliográfico y hemerográfico sobre la imagen de las varias instituciones en Venezuela, con especial énfasis en la de la institución militar.
3.1.2. Búsqueda, organización y sistematización de los principales estudios de opinión pública realizados en Venezuela desde el año 1992, relativos a la confianza, credibilidad y trabajo por el país de las instituciones venezolanas en general y de la FAN en particular.
3.2. Segunda Fase.
3.2.1. Análisis de los diferentes estudios de opinión pública relacionados con la confianza, credibilidad y trabajo por el país de la institución castrense, realizados por las principales empresas de investigación de opinión pública nacionales como extranjeras, indicadores estos que van a configurar la imagen de la FAN. Ante la imposibilidad de acceder a las bases de datos de las encuestas (salvo el de la encuesta Paralelo 2003: Opiniones y Valores Políticos de los Venezolanos; presente y futuro de nuestra democracia) se recurrió a las tendencias de opinión presentadas a lo largo del tiempo en los distintos estudios realizados tanto por empresas nacionales como extranjeras.
4. EstructuradelTrabajo
Más allá de la introducción, inserta en este capítulo I, la investigación tendrá la siguiente estructura: En el capítulo II “Análisis histórico comparativo del rol de la Fuerza Armada Nacional en las constituciones de 1961 y la de 1999”, discurriremos haciendo un análisis de los referidos textos constitucionales, lo que servirá de antecedentes para poder mostrar el rol de la FAN del pasado y del presente definido en ambas cartas fundamentales. Como se verá, la misión, organización y funciones de la institución armada constituyen, desde nuestra perspectiva, hechos relevantes para la evaluación de la misma por parte de la colectividad venezolana.
En el Capítulo III mostraremos cómo ha sido la imagen de la FAN de finales del siglo XX y principios del XXI, para lo cual se recurrirá los estudios de opinión pública hechos por empresas tanto nacionales como extranjeras desde el año 1992 hasta el año 2004 y se analizaran eventos que pudieron impactar la imagen pública de la FAN a lo largo de esos años. En el Capítulo IV, analizaremos los resultados de los estudios de opinión pública en relación con la FAN. Finalmente, en el Capítulo V, presentaremos un balance y conclusiones de toda la investigación, realizando además, a manera de epílogo, algunas consideraciones sobre las perspectivas futuras de la Fuerza Armada Nacional.
Creemos que este estudio es un importante paso para comprender la relación ciudadano FAN desde el plano de la opinión pública y esperamos que sea útil en la comprensión del complejo mundo de las relaciones civiles - militares.

CAPITULO II
ANÁLISIS HISTÓRICO COMPARATIVO DEL ROL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN LAS CONSTITUCIÓNES DE 1961 Y 1999.
1. Introducción.
Tras los sucesivos cambios políticos a partir de 1958, en Venezuela se logró el control civil de las Fuerzas Armadas Nacionales (en la Constitución de 1961 el nombre que se le da a la institución armada es el de Fuerzas Armadas Nacionales  ́FF.AA.NN ́). Con ello, los militares se convirtieron en los garantes de la institucionalidad democrática definida en la Constitución de 1961, mientras los actores políticos se encargaron del ejercicio del poder a través de partidos políticos inclusivos, para adelantar un proyecto de país de tipo reformista.
En el modelo que adelanta la administración Chávez, la FAN es la institución central. Así las cosas, ¿a qué y a quién está subordinada: a la Constitución o a un proyecto político? Una forma de abordar qué ha cambiado en Venezuela desde 1958 a 2002, en relación con ella, es referirse al elemento militar en las Constituciones de 1961 y 1999 y con ello la percepción que tiene el venezolano de la institución armada. Este capítulo tiene como objetivo mostrar estas referencias constitucionales para inferir su papel en el diseño institucional que establece la Carta Magna de 1999, desde la perspectiva de un análisis politológico, que aborde el nuevo rol de la institución militar, sobre la base de las capacidades que se le atribuyen en la misma, así como sus efectos sobre las interacciones entre el poder ejecutivo y el poder militar.
A los efectos de lograr este objetivo será necesario, en primer lugar, conocer ciertos antecedentes. Los mismos nos permitirán pasar al análisis tanto de la constitución de 1961 como la de 1999, específicamente en el aspecto relacionado con la FAN.
El análisis de ambos textos constitucionales nos permitirá conocer los elementos teóricos fundamentales para poder comprender adecuadamente la concepción del nuevo papel de la FAN otorgado en estos tiempos de la “V República”.
2. Antecedentes.
El control o subordinación de los asuntos militares por parte del estamento político del Estado ha sido una constante en los regímenes democráticos, por cuanto las FFAANN aún y cuando a ellas se les otorgue la tenencia de las armas y su control, no son quienes monopolizan las mismas, sino el Estado, tal y como lo dispone la CRBV (2002).
Artículo 324. Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos (p. 270).
Por lo tanto, los objetivos militares estarán en todo caso subordinados a los objetivos políticos, y éstos obedecen a una planificación del Estado, cuyos principales cargos, en las democracias, se encuentran dirigidos por funcionarios que han sido elegidos en comicios libres, públicos y competitivos. En Venezuela, como en la mayoría de los países democráticos, el presidente es el comandante de las “Fuerzas Armadas”. En las democracias representativas y pluralistas, la dirección de los asuntos públicos se encuentra bajo la conducción de ciudadanos desarmados, los cuales han sido favorecidos mediante elecciones; en ellas, por lo demás a los “ciudadanos armados”, que cumplen roles militares, les está constitucionalmente limitada su participación en las luchas políticas. En el caso venezolano, la situación no es diferente puesto que la CRBV dispone en el primer aparte del artículo 328, lo siguiente:
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación

activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. (p. 271)
Para comprender mejor los cambios introducidos en la Constitución de 1999 necesario es saber que de las 24 constituciones que Venezuela ha tenido durante su historia republicana, sólo la de 1961 se ha aproximado más a la correspondencia con el desarrollo político, económico y cultural de la sociedad en la cual ese instrumento del Estado fue creado.
3. Rol de la FAN en la Constituciónde1961.
La Constitución de 1961 estableció una clara subordinación de la institución militar al poder civil. En la misma, el legislador estableció las disposiciones que subordinaban a la FAN al poder civil, tal y como se aprecia en el artículo 132.
Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política.
Para esto, se tomaron algunas decisiones sobre su organización y misión; las más relevantes fueron la eliminación del Estado Mayor General y la creación del Estado Mayor Conjunto, con el decreto 288 de fecha 27 de junio de 1958, el cual otorgó autonomía a las cuatro “Fuerzas” que componen la organización militar venezolana (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional); según Muller (1982) las consecuencias de este decreto han recibido abundante discusión en Venezuela. Sus críticos sugieren que complicó la conducción estratégica de la FAN, estimuló rivalidades entre las fuerzas, incrementó los gastos y focalizó la atención en la Presidencia de la República, la cual ejerció el control real del componente militar al ser la última instancia de decisión. Los defensores del decreto afirman que hizo posible la autonomía de cada fuerza y su crecimiento como componente de la FAN, permitiendo el desarrollo de fortalezas para maniobras conjuntas; se cita como ejemplo de la eficacia de esta autonomía, la capacidad de respuesta que tuvieron cuando, en agosto de 1987, la corbeta colombiana Caldas incursionó en aguas venezolanas, y aquellas movilizaron en 18 horas 30 mil efectivos y varias docenas de miles de toneladas de equipos y suministros desde diversos puntos del país. Resaltan, también, que este decreto hizo imposible los golpes de Estado al no existir un mando conjunto. En todo caso, el tema de la unidad de mando parece ser una tendencia actual en el mundo militar. La posición dominante entonces, no es la idea de mandos conjuntos, sino para que se establezca un mando conjunto. En una sociedad con controles, esto no sería motivo de preocupación, pero sí, en Venezuela, donde los controles son débiles, por lo que imponer una unidad de las fuerzas puede significar un desbalance con respecto al mundo civil. Esto es lo verdaderamente importante.
Con este decreto, igualmente, se elimina la concentración del poder de decisión que tenía el Estado Mayor General. Además el pase a retiro de oficiales y suboficiales de carrera, luego de cumplir 30 años de servicios, definido en el decreto 533 del 17 de enero de 1959; contribuyo a reducir la concentración del poder en una cúpula. El tiempo de servicio de los miembros de la FAN ha sido, sin embargo un tema polémico. Aunque en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (LOFAN) publicada en 1983 y para la fecha de elaboración del presente trabajo aún vigente, el tiempo de servicio activo, era de 33 años. En el proyecto en discusión de la nueva Ley Orgánica de la FAN, que ya recibió la aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional, el tiempo de servicio se extiende a un máximo de 35 años (artículo137), con un límite de edad de 60 años (artículo 141). Adicionalmente, se establece, la definición de una orientación hacia los problemas estratégicos y de defensa nacional una vez consolidado el sistema político (comienzos de los 70 ́s); y el mejoramiento profesional y la calidad de vida del personal militar.
Otro aspecto de especial relevancia lo constituyó la rotación de los mandos, el cual constituye quizás un punto en donde hay consenso en cuanto a que se debilitó la formación de un liderazgo militar, habiéndose generado así un vacío dentro de la FAN sobre todo desde 1989. La rotación fue empleada por la elite política para dividir a la FAN y poder ejercer el dominio, pero tuvo como efecto no deseado la propia destrucción de la elite política de Punto Fijo y del cuerpo de Generales y Almirantes. Peñaloza (1992) argumenta que es a partir de 1979 cuando “adquiere un frenesí caótico la práctica del carrusel militar; es decir, la política de purgar anualmente en forma masiva e irresponsable a la cúpula castrense (...) Pero además ha logrado un objetivo adicional, el desprestigio del generalato (p. 95).
La función exclusiva de defensa, por ser depositaria de las armas de la República y de la administración de la violencia legitima del Estado, crea las condiciones de poder para que la FAN salga a buscar espacios relativamente autónomos de las tensiones propias del momento político, a fin de cumplir con la función inherente a la naturaleza de su poder real por cuanto ella se encuentra dotada, organizada y adiestrada para tal fin en contraposición a un poder civil escasamente organizado.
En cuanto al voto de los militares como derecho político, esta Constitución, no estableció expresamente el impedimento del voto a los miembros de la FAN, no así la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (LOFAN) que en su artículo 6 dispone lo siguiente:
El personal militar de todos los grados y categorías en situación de actividad o disponibilidad, según el caso, no podrá tener participación directa o indirecta en la política, ni ejercer ningún derecho político. Igual prohibición regirá para todos los que estén movilizados para fines de instrucción o en situación de emergencia.
Artículo este que quedó automáticamente derogado con la entrada en vigencia de la CRBV en 1999.
Finalmente, podemos concluir que el rol y las funciones de la FAN entre 1961 hasta 1998 se caracterizaron por un aspecto formal expresado en la carta magna y demás instrumentos jurídicos que rigen la organización militar, según los cuales la relación de subordinación frente al poder civil quedaba plenamente establecida.
Con este breve análisis, nos hallamos, en condición de hacer derivar nuestro estudio hacia el aspecto que consideramos de mayor importancia por la permanente discusión que el mismo ha provocado; nos referimos a la CRBV en donde necesariamente haremos referencias comparativas con la de 1961 para poder ilustrar mejor las diferencias entre ambos textos.
4. Rol de la FAN en la Constitución de1999.
La primera observación a la que nos referiremos en este apartado es que mientras la Constitución de 1961 sólo hace mención de las FFAANN en forma dispersa y en 5 oportunidades, (artículos 131, 132, 136,150 y 190), en la CRBV no es casual que todo un capítulo, el Capítulo III, del Título VII, contentivo de 4 artículos, esté dedicado a la FAN.
La primera novedad de esta normativa comienza, así, en el nombre utilizado, que rechaza la idea de “Fuerzas”, para agruparlas en un solo bloque como Fuerza Armada Nacional. Como señaláramos en el capítulo introductorio, en la exposición de motivos de la Constitución se señala que si bien es un cuerpo uniforme, sin embargo se mantiene cada uno de los cuatro cuerpos ya existentes (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional) con el nombre de “Componente”, los cuales conservan sus características y especificidades como fuerza. Si bien es cierto que la Constitución de 1961 no indicaba en forma expresa el nombre de las cuatro “Fuerzas” (Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Fuerzas Armadas de Cooperación) tal y como lo contempla la LOFAN, en la CRBV se le cambia el nombre a la Fuerza Aérea por el de Aviación, y a las Fuerzas Armadas de Cooperación por el de Guardia Nacional. Oportuno es señalar que en las constituciones anteriores a la de 1961, se mencionaba en las primeras de ellas a las fuerzas militares como “Fuerzas de mar y tierra” y en la de 1961 como “Fuerzas Armadas”.
En el texto actual, deliberadamente, se alude a una Fuerza única; sin embargo, es de extrañar que este deseo unificador no se reafirme en las disposiciones transitorias en las cuales se ordena a la Asamblea Nacional dictar dentro de los lapsos que se van anunciando las reformas legislativas necesarias para adaptar dicho sistema a la nueva normativa constitucional. Una de estas disposiciones transitorias, la sexta para ser más específicos, ordena la legislación sobre todas las materias relacionadas con la Constitución, pero no contienen tampoco ninguna previsión con respecto a la promulgación de una ley unificadora de las distintas ramas militares, para seguir la tendencia del texto constitucional; de hecho, es en calendario de la Asamblea Nacional para el periodo 2005 – 2006, donde se ha previsto la promulgación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.
Otro aspecto también novedoso del texto constitucional de 1999 estriba en que se trata de un capítulo expreso dedicado en la Constitución a la institución militar; nos referimos al Título VII, Capítulo III del texto que comentamos; aún cuando puede apreciarse que en algunas constituciones anteriores hay antecedentes de un tratamiento específico de la disciplina, tal y como es el caso de las de 1830 y 1957.
El artículo 328 define a la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional organizada por el Estado, para la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. Los medios para obtener estos fines son la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la participación en el desarrollo nacional. Como puede observarse, los dos últimos medios en forma alguna se compaginan con los fines.
La característica fundamental de la Fuerza Armada está en la exclusividad de su actuación, en el sentido que se encuentra al servicio exclusivo de la Nación y de la Constitución, no de una persona o parcialidad política. Los pilares fundamentales sobre los cuales erige su régimen son los que derivan de la disciplina, esto es, la obediencia estricta a las órdenes jerárquicas, por lo cual la obediencia a tales órdenes y la subordinación de los órganos inferiores a los superiores constituyen su rígida estructura interna. En este sentido los miembros de la FAN como funcionarios públicos del Estado que son, deberán distinguir entre la obediencia debida y la obediencia reflexiva prevista en el nuevo texto constitucional; referente a este aspecto la CRBV (2002) en su artículo 25 dispone:
Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (p. 151).
En cuanto a los elementos que integran a la FAN, son el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. De conformidad con el artículo 329, el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como objetivo principal las operaciones requeridas para defender la Nación; la Guardia Nacional, por su parte, además de cooperar con las funciones antes mencionadas, posee como responsabilidad el mantenimiento del orden interno, el cual está definido en la exposición de motivos de la CRBV (2002) como:
El estado en el cual se administra la justicia, se consolidan los valores de libertad, democracia, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia e imperio de la constitución y la ley. Todo ello armonizado en un escenario donde predominan y se practican los principios constitucionales y preceptos bolivarianos, en un clima de absoluta participación democrática.
También la Constitución de 1999 prevé el ejercicio por parte de la Fuerza Armada Nacional de actividades de policía administrativa y de investigación penal con base en la ley.
Con respecto a estos elementos, Norberto Ceresole (1999) de quien se dice fue el inspirador de la reforma constitucional, en muchos aspectos pero esencialmente en lo relativo al régimen de seguridad de la Nación, expresa:
En mi opinión, cuatro son los elementos esenciales que informan los Títulos VII (El sistema de Seguridad y Defensa Nacional) y VIII (De las relaciones internacionales) del proyecto constitucional enviado por el presidente Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente:
␣ LaexistenciadeunsóloyúnicobrazoarmadodelaNación; ␣ El derecho y deber de todos los ciudadanos para armarse en
defensa de la Patria;
␣ El mantenimiento de la Fuerza Armada cooperando y promoviendo el desarrollo tecnológico y económico de la sociedad y;
␣ La capacidad que se adjudica Venezuela para suscribir tratados anfictiónicos orientados a promover nuevas formas de integración en el espacio estratégico de la América Meridional.
El artículo 330 de la CRBV (2002) introduce una de las mayores innovaciones en el ámbito militar:
Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político (p.272).

El reconocimiento de tal derecho, que estuvo precedido de una amplia polémica, se fundó en definitiva, tal como lo señala la exposición de motivos de la Constitución (2002), en la igualación política (...) “Finalmente, siguiendo una tendencia en derecho comparado con el objeto de no establecer discriminaciones entre los ciudadanos, se permite que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad ejerzan el derecho al sufragio de conformidad con la ley”. (p. 73).
En opinión nuestra, este derecho político no puede ser conferido “parcialmente” o como dice la citada exposición de motivos “sin discriminaciones entre los ciudadanos”, toda vez que en los pasados procesos de recolección de firmas para las consultas refrendarias ocurridas en el 2004, a los militares en servicio activo no se les permitió participar en dichos procesos en condiciones de igualdad frente a los demás ciudadanos. Y es que tanto para los procesos refrendarios consultivos como para la revocación de mandatos es requisito sine qua non la recolección de firmas como paso previo a los procesos en sí; de modo que con la prohibición de participar en la recolección de firmas, se está violando abiertamente un derecho constitucional consagrado en el artículo 70, que establece entre otras cosas los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.
Otro artículo que consideramos importante destacar es el artículo 156, que define las competencias del Poder Nacional; en el numeral 7 se dice que es competencia del Poder Nacional la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional, y le sigue el numeral 8, relativo a la organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.
Para abordar la política militar de la Constitución, hay que relacionarla con ideas previas: una concepción de seguridad y defensa que, a su vez, sugiere cómo se visualizan las relaciones entre la sociedad y el estamento militar. Lo anterior se define en los artículos 132 y 328 de las Constituciones de 1961 y 1999, ya citados anteriormente. Nótese la diferencia en cuanto a qué función se le atribuye a la Fuerza Armada. Mientras para el texto de 1961 la función primordial es la defensa de la República, para el texto de 1999 es la independencia, soberanía, y la integridad del espacio geográfico. Se elimina lo relativo a la estabilidad de las instituciones y el respeto a la Constitución, que estaba en la Carta Magna de 1961. Para la de 1961, lo relevante son acciones hacia afuera; para la de 1999, es una concepción espacial que abre la puerta a la participación interna tal como lo agrega la redacción del artículo 328, “la participación activa en el desarrollo nacional”.
La Fuerza Armada tendrá como función esencial la defensa de la independencia y soberanía de la nación, al definirla con un criterio espacial, (integridad del espacio geográfico), por lo que actuará en la defensa nacional, en el mantenimiento del orden interno y en la participación activa en el desarrollo nacional. Llama la atención que deje de lado un elemento doctrinario de la Constitución de 1961: la defensa de la Constitución, la democracia y las instituciones. Muchas interpretaciones pueden formularse, pero una sugerente es que implica un cambio en la concepción del componente armado con respecto a su visión del país.
En el modelo de 1961, bajo el esquema de la “doctrina de la abstención mutua”, afirmar la defensa de la Constitución y las leyes reflejaba el carácter apolítico de las FAN. Su compromiso era con las instituciones. Estaban y no estaban dentro del sistema político. Estaban, en tanto garantizaban la estabilidad y vigencia del marco normativo en el que se realizaba el juego político doméstico. No estaban, porque se alejaban de ese juego doméstico. Su misión era clara: defender los procedimientos del juego político y no inmiscuirse en los contenidos del juego político. Su eliminación en la Constitución de 1999 puede significar que se rompe esa separación; ahora están comprometidas con los procedimientos y el contenido, por lo que hacer la separación ya no es necesario y esto se elimina del texto constitucional por redundante; la Constitución resume el proyecto nacional de soberanía e independencia y la FAN es garante de ésta, lo que se sugiere en el texto constitucional. Ya no está comprometida con una neutralidad institucional sino abrochada a un proyecto político con procedimientos concretos. La doctrina de la abstención mutua ya no es necesaria, los intereses políticos y militares se funden bajo la idea de independencia y soberanía de la nación, centrada en el espacio geográfico como dominio fundamental de la soberanía.
En otras palabras, si para estabilizar el sistema político nacido en 1958 había que alejar a las FFAANN de la política, estabilizar las transformaciones para un nuevo sistema político en el 2000 pasa por lo contrario, es decir, politizarlas. Al comparar el proceso político venezolano con la caída de Allende en Chile, el presidente Chávez (2000) afirmó que la de Allende fue una “revolución desarmada, sin fuerza armada”. Lo que ocurre en Venezuela de acuerdo con el Presidente, “es una revolución pacífica pero armada con tanques, granadas y fusiles que tiene a su lado el apoyo de la FAN”; si se parte de la base que es la única organización capaz de adelantar un proyecto nacional, aunque politizar no implica que deliberen.
El texto constitucional separa lo que es su apoyo a un proyecto político de la deliberación. Se la politiza para dejar de lado a otros actores con la diferencia de que los actores desplazados ya no pueden –como en los inicios de la democracia– buscar aliarse con los militares para derrocar al régimen. Hoy no tienen poder ni legitimidad; un ejemplo de esta debilidad comenzó con el video (junio 2000) del Capitán (GN), Luis García Morales, presentado ante la opinión pública como un indicador del descontento que existía en lo interno de la FAN, lo cual no tuvo mayores efectos políticos, mas allá de la novedad mediática. Incluso el propio Garcia Morales le pide al presidente que renuncie, no que los descontentos se alzaran. Hoy buena parte del debate político se centra en buscar a los militares como aliados, y éstos han expresado que no quieren ser árbitros. Más que salidas políticas, los actores, aunque no lo dicen abiertamente, lo que buscan es una salida militar como si fuera el sector militar el fiel de la balanza; de otra parte consideramos que la misma socialización democrática opera como una paradoja en contra del equilibrio civil-militar, pues ella ayuda a que se acepte la politización de la FAN como evidencia de la aceptación de la pluralidad que existe en Venezuela y la madurez democrática (el voto militar), pero esa politización puede llevar a que los espacios democráticos se subordinen a la FAN, como organización vertebral de la política nacional, al margen de las organizaciones civiles, que pueden pasar a un plano secundario.

Desde nuestra perspectiva, esta visión corresponde al rol del profesional de las armas, a la participación en tres áreas claves: defensa nacional de la cual hablaremos más adelante, orden interno y desarrollo nacional. Es decir, áreas de acción muy amplias, subordinadas a conceptos de mayor alcance: soberanía e independencia de la nación. Estos dos conceptos justifican la eventual participación en cualquier área y son conceptos circulares, la independencia implica el desarrollo nacional, lo que garantiza un Estado soberano ¿Cómo hacerlo?
Ciertamente, no vive Venezuela una dictadura. En caso de ocurrir la instauración de un autoritarismo, éste tomará nuevas formas. En esto también la orientación venezolana puede ser novedosa: será posiblemente un ciudadano en armas, pero a la manera de un ejército popular. Se buscará fundir el componente militar con el civil, para crear una unidad de tal forma que no pueda hablarse de una dictadura o régimen autoritario. Sería una relación natural: militares con derechos ciudadanos que ejercen puestos públicos. Sin embargo, aparece una pregunta clave, ¿dónde termina lo militar y comienza lo civil? El asunto que se quiere abordar no es si los militares pueden o no ocupar posiciones públicas o si participan en el desarrollo nacional (antes sucedía), sino que se quiere introducir tres dimensiones para analizar la relación civil militar en un nuevo contexto político: extensión, temporalidad y actividad. No se trata de afirmar si Venezuela vive o no una dictadura, si va o no a un régimen de fuerza, sino de interrogarnos sobre el grado de participación en actividades civiles que deben tener los militares y sobre el grado de control y autonomía que tienen las instituciones civiles sobre el estamento militar. Para el presidente Chávez (2000) no hay distinción. En una entrevista que le hizo el articulista de El Nacional, Ibsen Martínez, dijo sobre la relación civil-militar:
Hay que ir muy atrás, hasta el siglo XIX, para entender esto. Entonces, en los albores de la Patria, Ejército y pueblo eran los mismos. Fíjate en Sucre, por citar un ejemplo: su familia se dedicaba a la agricultura, era hombre ilustrado, un militar, un diplomático. Los próceres eran eso: ciudadanos en armas. Se era “doctor y general”; o campesino y soldado. Era natural esa identificación. (p. D-1)

Lo anterior se evidencia en uno de los elementos principales de la Constitución de 1961, para reforzar el apoliticismo de las FAN. El artículo 131 establece que la autoridad civil y militar no puede ejercerse simultáneamente, salvo en el caso del Presidente como Comandante en Jefe de las FAN. Este principio no se encuentra en la Constitución de 1999. En Venezuela se busca, entonces, el binomio militar-gerente y militar-político no deliberante, y la Constitución deja abierta la puerta para esto. Lo que se hace evidente con las designaciones de oficiales para puestos de gobierno importantes. Especialmente, los que producen y distribuyen recursos (PDVSA con el General Guaicaipuro Lameda, y la oficina de presupuesto con el General Usón y el General Pardo) y otras áreas clave (como la CVG con el General Rangel).
Para la FAN, esto puede representar la desnaturalización de su rol profesional al convertirse sus miembros en burócratas públicos pero, al mismo tiempo, revela la crisis de lo civil, ya que la carencia de liderazgos y organizaciones civiles sólidas, confiables y eficaces, permite que sean desplazadas y sustituidas por los militares. Éstos entran en la lucha política y pueden verse comprometidos con un gobierno que no representa sus intereses como corporación profesional, pero también puede significar que la FAN se convierta, ya no de derecho sino de hecho, en un ejercito pretoriano que ejercería el gobierno efectivo de Venezuela, todo dentro del marco de la Constitución.
¿Cómo garantizar, entonces, la no deliberación política en un cuerpo que tiene que ser político para garantizar la viabilidad de un proyecto? Con un civil en la cartera de la Defensa: la lucha entre los integrantes de las promociones militares por ascender al ministerio de la Defensa se cancela y la deliberación política se separa de lo militar, de tal forma que ahora podrán realmente dedicarse a lo suyo, a lo militar. Eso sí, tal como lo entiende la Constitución, mientras la deliberación política es sustraída con un ministro civil de la Defensa y con un Presidente de la República que tiene amplias facultades en materia militar, que lo hace el centro de gravedad de la institución, con una nueva dimensión, ya no se competirá por el ministerio de la Defensa, sino por las posiciones operativas –el Jefe Militar de la FAN y los comandos de componente – y para los ascensos a oficiales generales y almirantes, que ahora los tiene el jefe del Estado por mandato constitucional. El Presidente tiene el mando real y el ministro de la Defensa el mando político. Así se desprende del artículo 236 de la Constitución de 1999 (2002), que define las funciones militares del Presidente, en sus numerales 5 y 6:
5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.
6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos para los cargos que les son privativos.
La Constitución de 1961 sólo estableció el carácter de Comandante en Jefe como suprema autoridad jerárquica de la FAN y sus atribuciones de fijar el contingente de la misma (Art. 190, núms. 3 y 4). Hoy ya no es sólo ejercer la suprema autoridad jerárquica en la FAN, sino que el jefe del Estado dirige y ejerce el mando supremo, lo que pudiera interpretarse como una personalización del mando que se institucionaliza. En la medida en que el proyecto de la V República está atado al presidente Hugo Chávez, un indicador de esta eventual personalización es la creación que hiciera en su programa dominical “Alo Presidente” del 20 de marzo de 2005 de un nuevo cargo dentro de la FAN, cual es el de “Comandante General de la Reserva”, para el cual designó al General Julio Quintero Viloria. Se mimetiza, pues, el rol de mandatario con el de jefe militar.
Otros artículos de la CRBV que pueden reforzar esta idea es el referido a los ascensos militares, los cuales ya no tienen control civil (Arts. 331 y 236, Ord. 6). La atribución exclusiva del Presidente de promover los oficiales de la Fuerza Armada Nacional a partir del grado de coronel o capitán de navío, rompe con una tradición reiterada en nuestra historia constitucional, consistente en la autorización senatorial de los ascensos militares a los grados indicados. Al respecto Escobar Salom (2000) ha plasmado su crítica a dicha modificación normativa en los términos siguientes:
El argumento aparente es que durante el período democrático iniciado en 1958 hubo complacencias y negligencias así como otras irregularidades con motivo de los ascensos militares. Esto pudo ser verdad en algunos casos pero no invalida el profundo contenido de regla de derecho que por un lado protege la autoridad del Estado y por otra la dignidad institucional de la corporación militar (p. 240-241).

En la misma pretorianización de la sociedad, se establece una contraloría para la Fuerza Armada con rango constitucional (Art. 291); se necesita la autorización del Tribunal Supremo de Justicia para enjuiciar a oficiales Generales y Almirantes (Art. 266, Ord. 3) y se le dan al Presidente amplias facultades en el campo militar.
Desde el punto de vista morfológico, la diferencia entre el número de artículos relacionados directamente con las FAN en la Constitución de 1961 y con la FAN en la Constitución de 1999, no parece relevante. La primera tiene 5 artículos (131, 132, 136, 150 y 190); la segunda 9 artículos (41, 156, 266, 291, 324, 328, 329, 330, 331). Lo importante no parece ser un asunto numérico, sino cómo se construye la política militar en el texto constitucional de 1999.
En términos constitucionales, la institución militar pasa a adquirir con la nueva Constitución, y en contraste con el modelo de la llamada “democracia puntofijista”, un estatus y rol muy superiores, como lo revelan los siguientes aspectos: primero, no se clarifica constitucionalmente su subordinación al poder civil; segundo, desaparece en el texto la atribución al Senado (tampoco la Asamblea Nacional), de la autorización de los ascensos militares a partir del grado de Coronel o Capitán de Navío; tercero, sus facultades exceden el convencional concepto de soberanía nacional, para abarcar la cooperación en el mantenimiento del orden interno; cuarto, se le faculta, en los términos que disponga la ley, a ejercer actividades de policía administrativa y de investigación penal; quinto, se le reconoce un régimen de seguridad social propio, distinto al régimen de seguridad social único contemplado por la Constitución para el resto de los venezolanos; sexto, se le reconoce a los integrantes de la Fuerza Armada el derecho al sufragio; y por último, se le reconoce un sistema autónomo de control, vigilancia y fiscalización de sus ingresos, gastos y bienes públicos, bajo la dirección del Contralor General de la Fuerza Armada, surgido de la propia institución.
El tiempo nos dirá cómo se desenvuelve el encaje de la Fuerza Armada en la institucionalidad democrática venezolana. La Fuerza Armada sirve a la nación, a su seguridad, a su defensa. La CRBV no autoriza un protagonismo directo y militante de deliberación política ni alienta el militarismo. Ponerla al servicio de proyectos y banderas políticas conformaría un acto de naturaleza flagrantemente inconstitucional.
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Finalmente, y a manera de conclusión preliminar, queremos argumentar que si se quiere examinar la política militar en la Constitución de 1999, hay que ir más allá del artículo 328 que define las funciones de la FAN. La Constitución es un todo orgánico, por lo que hay que remitirse al capítulo relacionado con la seguridad y defensa (capítulo II). “De los principios de seguridad de la Nación”. Aquí se define el marco en que se inserta la política militar. Si se asume una suerte de “metateoría” de la Constitución, puede afirmarse que la Constitución recoge contenidos que han sido centrales en el discurso militar venezolano de los nuevos tiempos; nos referimos al artículo 326 de la CRBV (2002) el cual fundamenta la seguridad de la Nacion en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil (...) El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y militar, artículo este que ha servido de plataforma al gobierno para crear las “Unidades de Defensa Popular”, activando así a la población civil para la “Defensa de la Nación”, cuando ésta sea objeto de agresión desde el exterior, por parte de una Nación extranjera o desde el interior, por parte de quines traten de romper el hilo constitucional mediante una salida de fuerza; lo que a nuestro modo de ver no se trata de otra cosa que de entrenar y armar a la población civil afecta al gobierno para la defensa de la revolución cuando las condiciones así lo ameriten.
Otro concepto que ha explotado el gobierno de Chávez es el referido a la soberanía, entendiéndola exclusivamente como espacio (concepto de soberanía Westfaliana), lo que define el texto constitucional al enfatizar lo espacial como definición de la soberanía (Art. 11), desconociendo a conveniencia otros tipos de soberanía como la política, económica, social y cultural; y en lo estratégico como dominio exclusivo de los militares. Esto no es novedoso. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFAN) aprobada en 1983, durante el gobierno de Luis Herrera Campíns, define las funciones de las FAN en los siguientes términos: la defensa de la nación, la cooperación en el mantenimiento del orden público, y la participación en el desarrollo nacional. La novedad no es sólo el rango constitucional que ahora tienen estas funciones, que antes estaban en una ley orgánica, sino que la FAN se construye como el eje sobre el que gira el proyecto de la V República. No es casualidad, por ejemplo, que en la Constitución se adjetive la participación, se dice “activa”; cosa que no está en la Lofan, donde se habla de la participación sin adjetivos. Pero esta presencia no es en términos de una dictadura, sino porque es una organización capaz de adelantar un proyecto nacional, con la consecuente capacidad para generar políticas de defensa.
Así lo establece el artículo 323, al indicar que el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), define el “concepto estratégico de la nación” que aunque parezca increíble aún no se ha definido.
Puede decirse que la FAN es la institución central en la Constitución de 1999, tal como los partidos políticos lo fueron en la Constitución de 1961, sin que esto sugiera un modelo autoritario. Sencillamente, ella es organizada, representa los valores nacionales y tiene un proyecto desarrollista, que se centra, entre otros atributos, en la infraestructura pesada. La tensión que vive la FAN es entre las demandas que se le hacen para que sea un actor político, y la autonomía para desarrollar lo que es su proyecto como organización, dentro del marco de la Constitución de 1999. ¿Cuál de las dos se privilegia?

CAPITULO III LA IMAGEN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL DE FINALES DEL SIGLO XX y PRINCIPIOS DEL SIGL XXI
1. Introducción.
La Fuerza Armada Venezolana de ayer y de hoy asume, como institución, el cumplimiento de su función básica, cual es asegurar la defensa nacional, a fines de garantizar la integridad de la República y la estabilidad de las instituciones democráticas; así como el de asegurar el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, cuyo acatamiento estará por encima de cualquier otra obligación; cooperar con el mantenimiento del orden público; así como participar en el desarrollo integral del país, conforme a las leyes y lo dispuesto por el Presidente de la República, tal y como se desprende de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, aún vigente, que en su artículo 8 dispone:
Las Fuerzas Armadas Nacionales tienen por objeto: a) Asegurar la defensa nacional, a fin de garantizar la integridad y libertad de la República y la estabilidad de las Instituciones Democráticas; b) Asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación; c) Cooperar con el mantenimiento del orden público; d) Participar en el desarrollo integral del país, conforme a las leyes y lo dispuesto por el Presidente de la República; e) Desempeñar las funciones de servicio militar, conforme a la Constitución y a las leyes; y f) Las demás que señalen las leyes y reglamentos (p. 12).
Asegurar esta situación demanda de esta institución el pleno reconocimiento en su trabajo por el país, así como credibilidad y confianza del pueblo en la ejecución de acciones neutralizantes de elementos perturbadores.
En este capítulo abordaremos esta problemática en dos momentos distintos. Por un lado, intentamos dar una visión retrospectiva de cuál ha sido la imagen de la institución castrense de finales del siglo XX, específicamente en el período correspondiente a los años 1992 a 1998 y, por el otro, pretenderemos enfocar lo que ha sido la confianza,
credibilidad y trabajo por el país, entendidas también como imagen de la FAN de principios del siglo XXI y más concretamente, desde la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República en 1999 hasta el año 2004.
2. ImagendelaFANdefinalesdelSigloXX.
Los años finales del siglo XX, tanto para el país en general, como para la FAN en particular, estuvieron marcados por un conjunto de hechos en todos los órdenes, especialmente en el político – militar toda vez que la institución castrense pasa a ser un actor fundamental en el aseguramiento y mantenimiento de la paz y estabilidad de la República; en ese sentido, hemos considerado un fenómeno de orden político social, como la referencia y antecedente obligado en el tiempo y a la vez punto de partida histórico de nuestro trabajo, para poder evaluar la actuación de la FAN en función de la confianza, credibilidad y trabajo por el país, hasta la llegada de Hugo Chávez a regir los destinos de la República; nos referimos a “El Caracazo”.
2.1. “El Caracazo”
Los graves disturbios iniciados el 27 de febrero de 1989, conocidos como “El Caracazo” (figura 1), en el cual las autoridades gubernamentales recurrieron por una parte a la FAN para retomar el control del país y así garantizar la estabilidad del sistema, y por la otra, a la represión indiscriminada de la Fuerza Armada en la aplicación del “Plan Ávila”, tuvieron hondas repercusiones en el país. Dicho plan, que regula las actuaciones de la FAN en la guarnición de Caracas en caso de graves alteraciones del orden público que hayan desbordado a los organismos policiales y cuya ejecución es ordenada por el Presidente de la República por medio de sus órganos de Comando, forma parte de un plan macro denominado “Plan Soberanía” el cual es aplicado a nivel nacional. Con su aplicación se pretendió “garantizar” la institucionalidad democrática, con un saldo de víctimas nunca precisado que afectó de manera fundamental la legitimidad del sistema político en dos sentidos fundamentalmente: primero, entre los sectores más desfavorecidos del país, debido a que fueron el blanco fundamental de la acción del control militar; y segundo porque repercutió ampliamente tanto al interior de la propia institución castrense como al exterior de la misma, esencialmente, en la imagen que de la FAN
tenía la comunidad desde 1958, habiendo sido percibida como una institución al servicio del pueblo venezolano. Al respecto, Valderrama (2001) afirma lo siguiente:
Importante es destacar los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero de 1989, pues constituyen un hito importante en la historia venezolana que marcan a las Fuerzas Armadas y las concientizan sobre el triste papel que les había legado el Pacto de Punto Fijo... Común era, recién ocurridos estos hechos lamentables, encontrarnos con compañeros de armas que se ufanaban de haber participado en defensa del régimen sin medir la trascendencia histórica y la verdadera esencia de lo acaecido. Relativamente fácil también era convencerlos sobre el triste rol que cumplimos....” (p 120).
Esta revuelta social, evidentemente causo en la FAN un fuerte impacto, tanto porque su utilización en este tipo de actividades no había ocurrido desde el inicio del período democrático, así como porque muchos de sus integrantes, provenientes en su mayoría de clases humildes, eran parte de esa población que había salido a manifestar por las razones por las cuales ya no vivían igual. A partir de allí Venezuela no fue la misma, tampoco su FAN, tal y como lo comenta Bravo (1999) (...) “otros vieron que la participación militar en este suceso mostraba la eficacia de las mismas, así como también le mostró al poder civil la necesidad de una FAN para garantizar la seguridad interna del país” (p. 23). Estos antecedentes, nos servirán de antesala para introducirnos y comprender mejor el apartado siguiente al cual denominamos los golpes del 92 ́
2.2. Los Golpes del 92 ́
Entre los años 1991 y 1992 en Venezuela hubo más de novecientas (900) manifestaciones de relevancia de las cuales más de cuatrocientas (400) fueron violentas y en donde las FFAANN tuvieron que actuar para reponer el orden público alterado, lo que trajo consigo que la imagen, credibilidad y confianza quede la institución castrense tenían los venezolanos, se viera afectada. La reiterada intervención en este tipo de actividades, a lo cual no estaban acostumbradas por cuanto, si bien es cierto, como se señaló anteriormente constituye parte de su misión principal, no es menos cierto que su actuación en misiones de este tipo no fue usual después de que Marcos Pérez Jiménez fuera derrocado. A esto se sumó el desencadenamiento de los eventos del 4 de febrero de 1992, golpe militar fallido que intentó derrocar al entonces Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Los responsables eran miembros de una agrupación clandestina existente en el seno de las FF.AA.NN, conocida como Movimiento Bolivariano MBR-200 (figura 2), que diera paso al Movimiento V República.
Consideramos importante destacar que, entre las razones argumentadas por los oficiales golpistas para alterar el orden legítimamente constituido para aquel entonces y que en nada difieren de lo que el propio Chávez ha ordenado a la FAN desde su llegada a la Presidencia, entre otras fueron: el descontento de los sectores medios y bajos de las FF.AA.NN por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares; la subordinación de las Fuerzas Armadas a un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto; la utilización de la institución castrense, en particular el Ejército y la Guardia Nacional, en la represión de los disturbios del 27 de febrero de 1989; el cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia; el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja y particularmente de la tropa alistada; y el empleo de las Fuerzas Armadas en labores como repartición de útiles escolares, becas alimentárias, campañas de vacunación y de arborización. Según Koeneke (1998):
“El 4 de Febrero tuvo numerosas repercusiones inmediatas más allá de las puramente militares. En primer lugar, desde el punto de vista político, horadó aun más la aceptación pública del presidente Carlos Andres Pérez, que se había venido deslizando a partir del denominado “Caracazo”, esto es, desde el mismo inicio del periodo constitucional. Así, el índice neto de agrado hacia él pasó, según consultores 21, de - 15 en septiembre de 1991, a -21 en diciembre de ese año, a -51 en junio de 1992, en la primera medición después de la intentona (figura 3).
En este mismo sentido Koeneke (1998) afirma:
Lo positivo si así podemos llamarlo, del 4-F, es que puso de manifiesto que los venezolanos desean abrumadoramente seguir viviendo en democracia: sólo el 12 % de los encuestados por Datos para el pulso nacional de marzo de 1992 prefirieron un gobierno militar a uno democrático. (Tabla 1)

Meses más tarde, el 27 de noviembre de 1992, se produjo un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela, el segundo de este año, que también comprometió gravemente la imagen de la FAN. A diferencia del alzamiento anterior, éste fue llevado a cabo por un grupo cívico-militar, integrado por altos oficiales de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, civiles pertenecientes a organizaciones revolucionarias y grupos opositores al gobierno de Carlos Andrés Pérez.
De alguna manera, en esta segunda intentona los militares actuantes, en su gran mayoría pertenecientes al «Movimiento 5 de julio», organización que se creo al interior de la FAN, integrada por civiles y militares, cuyo objetivo principal era la toma violenta del poder legítimamente constituido en Venezuela, buscaba culminar con lo comenzado el 4 de febrero del mismo año por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías y un grupo de oficiales de graduación media. Los responsables militares de esta asonada, en contraste con la anterior, eran militares de alta graduación tales como los Contralmirantes Hernán Grüber Odremán (jefe de la operación) y Luis Enrique Cabrera Aguirre, el General de Brigada de la Fuerza Aérea Francisco Visconti entre otros (figura 4). La insurrección fue controlada por el gobierno el mismo día 27, provocando la rendición de los involucrados y la huída y posterior asilo en Perú de cerca de un centenar de los mismos.
Las insurrecciones del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, contrariamente a lo manifestado por el presidente electo y por cientos de comentaristas, no fueron apoyadas en su momento por la mayoría de los ciudadanos, tal y como lo afirma el mismo Koeneke (2001). “la misma empresa halló que en diciembre solo 22% se expresaba a favor de la intentona del 27 de noviembre para derrocar a Carlos Andrés Pérez, en tanto que 76% expresaba su repudio hacia ella” (p. 196) (tabla 2).
Pese al alto grado de insatisfacción personal que se experimentaba en 1992 y a la escasa popularidad del gobierno perecista, los venezolanos seguían prefiriendo la democracia frente al autoritarismo como frente al aventurerismo golpista; tal fue el rechazo de los venezolanos de las acciones acometidas por los militares que la credibilidad de la institución castrense se vio nuevamente comprometida por los hechos anteriormente señalados.

Se hace necesario resaltar que en este mismo año 1992, precisamente el 21 de mayo, el Senado autorizó el antejuicio de mérito contra Carlos Andrés Pérez, el Presidente tuvo de separarse de su cargo, asumió la Presidencia el Doctor Ramón J. Velásquez luego de un breve intinerato del Presidente del Congreso, Octavio Lepage, y la FAN supo interpretar así su rol de subordinación al poder civil. A pesar del breve tiempo en el poder, quizá uno de los logros más importantes de Velásquez durante su paso por la Presidencia de la República, fue el de haber contribuido a recuperar la confianza del país en su Fuerza Armada Nacional y con ello su imagen como institución al servicio del pueblo venezolano, tras el trauma que significó el 27 de febrero de 1989, los dos golpes de estado de 1992 y los constantes rumores de golpes y estallidos sociales que mantuvieron a la población en constante zozobra.
2.3. Rafael Caldera II
Así llegamos al quinquenio comprendido entre 1994 - 1999, Rafael Caldera gana las elecciones de diciembre de 1993 por segunda vez bajo la promesa de volver a las verdaderas raíces del Pacto de Punto Fijo y de evitar medidas económicas de corte neoliberal. Durante este período, una de las prioridades del nuevo gobierno fue su política hacia el papel de la FAN, minimizándose su participación en el control de las actividades de orden público, a la vez que se incrementa su participación en actividades propias de su rol constitucional, lo que a la fecha contribuyó a refrescar la imagen de la institución frente a los venezolanos; como ejemplo de lo que estamos afirmando nos encontramos que durante el gobierno de Caldera, a pesar de que se suspenden ciertas garantías constitucionales en la zona fronteriza, específicamente en los estados Apure, Táchira y Zulia, se crean los Teatros de Operaciones 01 y 02, en donde la misión de la FAN en las zonas antes indicadas, además de la protección de la frontera, fue la protección de los habitantes de las mismas y de sus propiedades, medidas que fueron bien recibidas en esas regiones y con lo cual se logró, de alguna forma, recuperar la institucionalidad y consecuentemente la confianza y la credibilidad en la FAN.
Igualmente importante es señalar, que al poco tiempo de asumir el gobierno, Caldera otorgó la libertad a los líderes de la rebelión militar de 1992. Hugo Chávez,

Hernán Gruber Odreman y Arias Cárdenas, entre otros, fueron sobreseídos y salen en libertad, conformando a posteriori el partido político Movimiento Quinta República (MVR), comandado por Hugo Chávez. Con esta medida se buscó distraer a la colectividad, pues así se evitaba glorificar a los presos que se habían “sacrificado por el país”.
En este contexto es conveniente resaltar que, investigaciones realizadas por la corporación Latinobarómetro en el año 1995 dejaron claro que los resultados arrojados en los países de América Latina sobre los apoyos a la democracia y sobre ciertos aspectos que tienen que ver con el orden democrático y sobre la percepción de los individuos encuestados sobre quién tiene más poder en el país y conocer la preferencia de los individuos sobre el tipo de régimen político, la opción de la democracia fue claramente mayoritaria en Uruguay con 80 % y en Argentina con 76%. Hay un porcentaje menor de apoyo en Venezuela 60% y poco más de la mitad 52% en Chile.
El menor apoyo a la democracia se apreciaba en Brasil donde apenas el 41 % prefiere este sistema político, al igual que en México donde el 49% tienen preferencias por este sistema (figura 5).
Otro aspecto significativo de la figura anterior lo constituye el hecho de que una de cada 5 personas en Perú (23%), Venezuela y Brasil (21%), Paraguay (20%) y Chile (19%) creen que “en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, que si bien en el caso especifico de Venezuela, ratifica que el Venezolano tienen gran apego por el sistema democrático, a la vez expresa que en algunas circunstancias se justifica un gobierno autoritario, lo cual es una argumentación que no es fácil de explicar.
Posteriormente, en 1997 la misma empresa, investigó la percepción pública sobre los detentadores de poder, con la pregunta ¿Quién tiene más poder? Los resultados arrojaron que ha disminuido en la imagen de la gente, el poder de los gobiernos. Hay también diferencias entre los países; en los de Sur América y México los que más creen que el gobierno es quien tiene más poder son los peruanos (62%), quienes superan en 15 puntos la media regional, mientras los que menos creen son los paraguayos (30%), 17 puntos menos que la media regional. Las grandes empresas son percibidas como más poderosas mayoritariamente por los argentinos (64%) en tanto que los militares lo son más por los habitantes de Paraguay, de Perú (50%) y de Venezuela (46%). Los Partidos Políticos, en tanto, son más mencionados por los venezolanos (35%) y los mexicanos (30%). (Tabla 3).
Finalmente, podemos apuntar que en el segundo período de gobierno del presidente Rafael Caldera (1994 -1999) la imagen de la FAN, a pesar de la fractura interna que existía al interior de la misma como consecuencia del “Caracazo” y de los dos golpes de estado del año 1992, se mantuvo frente a los venezolanos dentro de los márgenes de confianza y credibilidad ocupados desde el inicio de la democracia en nuestro país, tal y como lo demuestran los resultados de la empresa Consultores 21 en los diferentes estudios de opinión pública realizados a nivel nacional urbano durante los años 1994 al 1997 (tabla 4) en relación al trabajo de las instituciones por el país obteniendo un promedio anual de 36,55%; así mismo, los venezolanos no comparten la solución de los problemas del país a través de una salida no democrática, tal y como lo refleja Koeneke (2001, p. 196) “Posteriormente entre 1994 y 1998, la gran mayoría de los entrevistados a nivel nacional por Mercanálisis han expresado el mismo rechazo por la “solución” de los problemas del país a través de un golpe militar. (Tabla 5). En el mismo sentido, Rangel (1998) afirma en su columna los hechos y los días lo siguiente: OPINION E INSTITUCIONES: La última encuesta de Pulso Nacional ubica en el siguiente orden a las instituciones del país: Iglesia, Medios de Comunicación Social, Universidades, Militares, Congreso y Partidos Políticos. (Tabla 6)
3. ImagendelaFuerzaArmadaNacionaldeprincipiosdelsigloXXI
En este apartado, abordaremos los distintos hechos que ocurrieron en el país y que a nuestro juicio afectaron, al menos dentro de un sector del público, la confianza y credibilidad en la FAN y consecuentemente su imagen desde que Hugo Chávez tomara las riendas del poder en 1999 hasta finales de 2004; incluimos el año 99 aun y cuando pertenece al siglo XX, para poder demarcar los dos periodos considerados en la realización de este trabajo.

3.1. El Inicio del llamado “Proceso”.
En el campo opinión pública - FAN del análisis consideramos que una de las dimensiones más adecuadas es la referida a la imagen de la institución castrense por la notable influencia que los cambios introducidos por el Presidente, Chávez en el seno de la misma, directamente por sus funciones como Comandante en Jefe e indirectamente a través de la Constitución, han influenciado irremediablemente la confianza hacia la FAN en los diversos sectores de la colectividad venezolana. A partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez Frías a la Presidencia de la República, (figura 6), Venezuela comienza a experimentar transformaciones políticas de gran importancia en todos los ámbitos del Estado. En el seno de la FAN estos cambios no se hicieron esperar, los cuales, consideramos influyeron notoriamente tanto en la confianza, como en la credibilidad de la institución que de ella tenía si no todo el pueblo venezolano, al menos parte de este.
Desde la misma asunción de Chávez al poder, uno de los primeros actos de gobierno fue el de convocar al pueblo venezolano a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objeto fue el de elaborar una nueva Carta Magna acorde con los nuevos tiempos del país, y habiendo surgido así la posible participación de los militares en el proceso constituyente, dado que su mentor provenía del seno de la FAN. A pesar de ello, su participación no fue bien percibida por los ciudadanos, tal y como lo expresa el mismo Rangel (1999) en su columna “Los hechos y los días”:
Arranque del gobierno obtuvo 90.3% de evaluación positiva. Sectores que deben integrar la Asamblea Nacional Constituyente: Gobernadores, Alcaldes y Poder Judicial en el foso. Los datos corresponden a la medición de la encuesta Ómnibus Datanálisis entre los días 24 y 28 de febrero sobre una muestra de un mil personas de 60 poblaciones del país. El muestreo fue polietápido, probabilístico y estratificado por sexo, edad, nivel de instrucción y estrato socioeconómico. El error es 3,09%. (Ver tabla 7)
Desde nuestra perspectiva, consideramos que el punto de partida de la continua pérdida de confianza y credibilidad que el público tiene de la institución castrense, lo constituye el Plan Bolívar 2000, el cual es definido por el Ministerio de la Defensa como: El conjunto de políticas, objetivos y acciones estratégicas de carácter estructural y de implementación simultanea concebida por el Gobierno Nacional, para responder de manera inmediata al proceso de cambios y de reformas, exigidos a fin de alcanzar y consolidar la Venezuela que todos queremos.
Y que el propio Hugo Chávez precisó en una entrevista concedida a Harnecker (2002).
(...) y lo comenzamos a hacer el 27 de febrero del 99, diez años después del Caracazo, como una forma de reivindicar a los militares y yo incluso utilicé el contraste y dije:  ́Hace 10 años salimos a masacrar a ese pueblo, ahora vamos a llenarlo de amor, vayan a peinar el terreno, a buscar la miseria, el enemigo es la muerte. Vamos a llenarlos de ráfagas de vida, en lugar de ráfagas de muerte. ́
La ciudad de La Victoria en el estado Aragua fue el escenario escogido por el presidente Chávez para lanzar el 27 de febrero de 1999 uno de los programas bandera del gobierno: “El Plan Bolívar 2000” (figura 7). El día anterior al anuncio oficial, se le describió como un programa "de mejoras en la plataforma físico- social" que arrancaría con el reacondicionamiento de la infraestructura en seis estados: Guárico, Sucre, Apure, Portuguesa, Lara y Barinas.
El acometimiento de este Plan, no resulto para la FAN “nuevo” ya que durante la lucha antisubversiva de los 60 ́s y en los años sucesivos se hizo una práctica consuetudinaria la participación de las FF.AA.NN en acciones similares, a las cuales se les dió el nombre de “Acciones Cívicas”, dirigidas a ayudar a las poblaciones más necesitadas especialmente en el área fronteriza. Lo que sí resultó novedoso fue la utilización de cuantiosos recursos financieros sin ningún control y los propósitos del mismo, ya que a los miembros de la FAN este Plan se les vendió como una “acción cívica” a gran escala, cuya duración era de un año. La misma era parte de una planificación a la que se le denominó “Plan País”, que es el nombre del plan macro diseñado por el gobierno de Hugo Chávez para la “protección social a los más necesitados”.
Desde el inicio de su implementación, tuvo sus más acérrimos detractores, ya que según algunos se distorsionaba por completo la misión tradicional de la FAN esta es, la seguridad y defensa de la soberanía del país.

Meses más tarde de iniciado el Plan Bolívar 2000, una tragedia de incuantificables proporciones desoló al Estado Vargas, en donde la FAN debió actuar en apoyo al gobierno nacional cumpliendo una loable labor, la cual nuevamente se vio empañada por las violaciones a los derechos humanos cometidas, presuntamente, por efectivos militares y de la DISIP: ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, violaciones a la propiedad privada y la desaparición forzada de personas. Las denuncias fueron hechas públicas por la periodista Vanessa Davies, del diario El Nacional. En varios reportajes suyos, esta periodista había referido testimonios de personas que acusaban a la DISIP, a la Policía Militar y a miembros de la Brigada de Paracaidistas, de la autoría de ejecuciones ilegales. Provea, Cofavíc, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, también se hicieron eco de las denuncias formuladas por la periodista. Con lo que la imagen de la FAN por este hecho puntual se vio comprometida. No obstante las denuncias hechas por la periodista Davies en relación con la violación de los Derechos Humanos, la percepción del venezolano fue favorable hacia la institución castrense tal y como lo demuestra la empresa Consultores 21 para el I trimestre del año 2000 en una encuesta a nivel nacional al preguntar sobre las instituciones que más trabajan por el país obtuvo que el 66% de los encuestados consideró que la FAN era una de las instituciones que más trabajaban por el país, como lo reflejan los datos de la tabla 8 que mostramos más adelante. Consideramos que esta percepción favorable hacia la FAN fue generada por la implementación de un programa dadivoso y paternalista como el Plan Bolívar 2000, el cual neutralizó el impacto negativo sobre las violaciones de derechos humanos, ya que a lo largo de todo el año 2000 la FAN mantuvo un 65,75% de aceptación.
3.2. El nuevo milenio
Llegado el año 2000 y vigente la CRBV, el Plan Bolívar 2000 continuaba ejecutándose, las denuncias de corrupción eran más frecuentes en torno al mismo pero no había pruebas; paradójicamente, la información que obtuvimos en relación al desempeño de la FAN en relación con las instituciones que trabajan más por el país tenemos que el dato que aparece señalado es el correspondiente a la suma de

"Trabaja mucho" + "Trabaja algo" en una escala de 4 valores, donde los otros dos son Trabaja poco y Trabaja nada (tabla 8).
De la misma forma la firma Mercanálisis, en una encuesta efectuada en la ciudad de Caracas, ante la pregunta en relación con las instituciones hacia las que más siente confianza el venezolano, obtuvo que el 21% de los encuestados se vuelcan hacia la FAN, la cual ocupa el primer lugar respecto al resto de las instituciones evaluadas (tabla 9).
Lo anterior podría parecer contradictorio, pero a nuestro juicio no lo es, toda vez, como veremos más adelante, que la evaluación de los resultados del “Plan Bolívar” no fueron hechos públicos sino hasta el 2001 al respecto podemos igualmente decir que más que una evaluación “objetiva”, hecha por un órgano de control técnico y competente, la publicidad / propaganda financiada por el gobierno y ejecutada incluso por el propio Hugo Chávez en el programa “Aló Presidente”, pudo influenciar favorablemente sobre el público y es precisamente ese año cuando los números desfavorecen a la FAN en cuanto a la percepción que los venezolanos tienen de la institución, aunado al hecho de que la popularidad de Chávez para ese mismo año y que el gobierno aún era nuevo era bastante alta (tabla 10).
En mayo de ese mismo año, los dos principales candidatos para las elecciones presidenciales, inicialmente programadas para Mayo, son ambos Tenientes- Coroneles vinculados con la derrotada rebelión militar del 4-F de 1992. La percepción de la imagen del gobierno no era la misma como tampoco lo era la de la FAN, a tal punto que el propio Ministro de la Defensa para la época, el General Ismael Hurtado Sucre, en cadena nacional del 5 de mayo expresó:
Las instituciones señores, sin importar su naturaleza, no debemos involucrarnos en cuestiones político partidista, porque ponemos en riesgo la confianza y la credibilidad de un pueblo que como siempre, digo, quiso y está haciendo su historia con mucho sacrificio, con mucho sufrimiento, con mucho amor y con mucha fe.
3.3. La Corrupción sigue campante.
El año 2001 no fue distinto al anterior respecto a la imagen del público en relación con la FAN a pesar, de la polarización política existente en el país y en donde una vez más se criticaba su actuación tal y como lo expresara en enero de ese mismo año el abogado Pablo Aure (2001):
”En lugar de fuerzas castrenses deberíamos hablar de fuerzas castradas, pues en estos últimos meses han demostrado que le falta mucho de lo que le sobraba a nuestros ejércitos libertadores. Vemos cómo militares de alto rango aparecen en actitudes poco menos que serviles sonriendo ante los discursos "graciosos" de su comandante en jefe. Quizás por esa razón al parecer muchos generales están recibiendo como regalos, delicadas prendas íntimas de vestir, femeninas.
El 30 de enero del año 2001 fueron incinerados los soldados Jorge Luis Aray, Juan Alberto Vásquez y José Febres Narváez cuando se encontraban detenidos en una celda de castigo de la 75 Brigada de Cazadores, situada en la ciudad de Maturín, Estado Monagas. El último de los agraviados falleció 20 días después de haber sido rociado con un carburante identificado como thinner. Los sobrevivientes acusaron al teniente Alessandro Sicatt Torres (figura 8), como el autor material del hecho; las presiones políticas, de la sociedad civil y militares obligaron a radicar el juicio en la ciudad "militar" de Maracay. Los infortunados jóvenes habían sido encerrados en la pequeña celda por haberse presentado retardados al servicio.
Con este hecho el público venezolano, aun y cuando se trató de un caso abominable, ante la pregunta que hiciera la empresa Consultores 21, en un estudio de opinión a nivel nacional, en relación con las instituciones que más trabajan por el país se mantuvo entre las que más lo hacen, obteniendo un promedio durante los dos primeros trimestres de 57% (tabla 11).
En el mes de marzo de ese mismo año 2001, el vespertino El Mundo dio "el tubazo" y comenzó a divulgar una serie de tres entregas, dando cuenta de un cúmulo de irregularidades que el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, había señalado por escrito -desde el 24 de enero anterior- en un documento oficial enviado al General de División (Ej.) Manuel Rosendo, en su condición de presidente de la Fundación Proyecto País.
Lo sustancial del informe filtrado, calificado como preliminar por el Contralor, era que de un presupuesto global de 73.000 millones de bolívares, producto de una investigación que abarcaba a 23 de los 26 Teatros de Operaciones Sociales y Guarniciones (excepto La Fría, Guasdualito y Tucupita), que en su conjunto habían erogado recursos por 23 mil 212 millones de bolívares entre el 27 de febrero de 1999 y el 30 de junio de 2000, se había detectado la desaparición de 2 mil 200 millones de los bolívares gastados (40,7%) en una muestra analizada de 5 mil 400 millones de bolívares. Nuevamente la imagen de la FAN se ve comprometida por las acusaciones de que eran objeto; sobre el tema de la corrupción, precisamente, el propio Chávez, está tan consciente de los hechos de corrupción cometidos por los militares, que en su mayoría eran del Ejército, que durante una entrevista que le hiciera Marta Harnecker (2002) pretendió justificar la acción de quienes se sabia distraían los recursos del Estado para beneficio propio, señalando lo siguiente:
(...) Por ejemplo, el uso del dinero de una partida presupuestaria para a atender otro problema para el que no estaba destinado. Estas partidas están rígidamente direccionadas: si se destinan 20 millones de bolívares para reparar viviendas, no se pueden desviar para otros gastos ́. (...) Yo le dije al Comandante de la Guarnición que al mismo tiempo era el jefe del Plan Bolívar  ́ven acá general, anota ahí la dirección, mándalo para que lo operen. ́ Entonces había que pagar esa operación. Otras veces se trataba de una prótesis que había que ponerle a alguien, qué se yo. Había que pagar y entonces sacaban el dinero de alguna de las partidas ́ (...) Había que pagar y entonces sacaban el dinero de alguna de las partidas ́. (...) Algunos por inexperiencia, otros se aprovecharon ́. (...)  ́Llamé a algunos y les dije que tenían que justificar los gastos hasta el último bolívar. ́ (...)  ́Algunos casos están pendientes, otros cuando no pudieron justificar fueron removidos ́ (...) Pero bueno, volviendo al plan, la Contraloría General de la República determinó que las metas del Plan Bolívar del año 99 y 2000 se cumplieron en un 280 por ciento.
En relación con el tema de la corrupción, una de las encuestas divulgadas por la firma consultora Estudios y Organización Eugenio Escuela Opinión Pública en julio de 2001, basada en una muestra nacional de 1.800 personas de todas los estratos sociales. (Tabla 12) revela en forma clara cuál es la percepción del público en relación con los ejecutores del Plan Bolívar 2000.
Otro de los aspectos que consideramos pertinente tratar y que nos permitirán precisar otra percepción del público en relación con la FAN, dado el centimetraje que ha ocupado en los MCS, es el relacionado con la militarización de la administración pública del Estado. No obstante y la notable influencia que ejerce la FAN en el gobierno, los venezolanos tienen una clara conciencia de lo que está aconteciendo en la administración del Estado al señalar como indicador relevante la militarización de la administración pública, mediante la incorporación a ella de personal militar en servicio activo. Al respecto, la firma Consultores 21 en un encuesta realizada en el mes de junio de ese mismo año 2001 obtuvo de los encuestados que más del 50% estima que el gobierno se está militarizando (tabla 13); pero al mismo tiempo, rechaza una salida de fuerza para derrocar al gobierno, tal y como lo refleja el estudio realizado por Mercanálisis en relación con el apoyo o rechazo de un nuevo golpe de estado, en donde el 85% opto por lo segundo (tabla 14)
Desde 1998, resulta evidente una mayor participación de militares, en condición activos, en importantes funciones gerenciales de la administración pública venezolana. Pareciera como si el sector con inclinaciones políticas dirigentes, en la realidad militar venezolana de finales del siglo XX e inicios del XXI, abandonó la profesión castrense para incursionar en la gerencia política directa de la sociedad.
La presencia de Oficiales activos en importantes cargos públicos de los Ministerios y entes del Estado, supone el uso racional de la capacidad gerencial de éstos en funciones de carácter no militar. Situación que pone a prueba la eficiencia de éstos como administradores y gerentes. Condición que no sólo será apreciada por la sociedad como el proceder de individualidades, sino además, quiéranlo o no, como representantes del sector militar en funciones de gerencia pública, usualmente reservadas para miembros civiles de la sociedad. Los oficiales en funciones tradicionalmente civiles, con sus ejecutorias contribuirán o no al fortalecimiento de la imagen del sector militar en la sociedad venezolana. El éxito o fracaso de estos militares en funciones de gerencia pública, fortalecerá o debilitará, ante la comunidad en general las ideas de credibilidad y confianza de la institución militar. Carácter gerencial y administrativo donde el sector militar venezolano, dicho sea de paso, cuenta con pocos antecedentes exitosos en sus aplicaciones efectivas en áreas propias del sector civil en la Venezuela del siglo XX, por lo que nos hacemos la pregunta: ¿Será esta situación distinta en el siglo XXI?
En conexión con este último aspecto, el de la militarización de la administración pública del Estado y su notoria influencia en la imagen de la FAN, consideramos que la crítica no debe sustentarse en la participación de militares en puestos públicos, sino en el sentido y alcances que tiene esa participación en la Venezuela de hoy. Es éste el punto clave para abordar la confianza y credibilidad de los militares en la Venezuela actual. Al respecto, la firma Consultores 21 durante el estudio perfil realizado respecto a los venezolanos y la militarización dio como resultado que la participación del contingente militar en las acciones que lleva adelante el gobierno es inconveniente para la mayoría encuestada, 59% (tabla 15). El estudio en referencia también auscultó sobre el conocimiento que tienen los venezolanos sobre el Plan Bolívar. Igualmente, indagó sobre los potenciales beneficios que la población habría recibido de su aplicación (tabla 16), que en este caso contrasta con los resultados del año 2000. En relación con quien trabaja por el país, la percepción general es que los Medios de Comunicación Social y la Iglesia Católica son los que más trabajan por el país. La Fuerza Armada Nacional y el Gobierno son los que acusan el mayor desgaste entre marzo 99 y agosto 2001 (tabla 17).
Lo más interesante del cuadro anterior no es sólo que el Gobierno se hubiese desplomado 27 puntos porcentuales, sino también que los sectores que más ataca, con la excepción del militar, son los que ocupan los primeros lugares de aprobación popular: los medios, la iglesia, los venezolanos.
Algunas consideraciones en relación con los resultados presentados en las tablas anteriores y que parece incongruente, es que a pesar de que existe un clima de opinión negativo en torno al tema de la corrupción en la FAN y el de la militarización de la administración pública del Estado, la institución castrense es percibida como una de las que más trabajan por el país. Consideramos que este tipo de percepción positiva hacia la FAN ha sido probablemente influenciada por las creencias y valores de la sociedad venezolana hacia la institución armada, especialmente hacia el Ejército, cuyo lema “Forjador de libertades”, sugiere que sus miembros luchan por la libertad, lo cual se corresponde con los indicios de apego de los venezolanos a los valores como la libertad

3.4. El año del vacío de poder
Para el año 2002, el fantasma de las supuestas irregularidades cometidas en la administración de los cuantiosos recursos financieros y materiales del Plan Bolívar 2000 y 2001 reapareció con mucha mayor fuerza que antes. En líneas generales, la Comisión de Contraloría, presidida por la Diputada de Proyecto Venezuela, Vestalia de Araujo, acordó citar al contralor Russián el 5 de enero de 2002, con la finalidad de que explicara por qué en el informe final que sobre el referido plan bandera oficial no se decía una sola palabra en torno al cobro de cheques endosados por algunos proveedores a varios sargentos subalternos del General Melvin López Hidalgo, actual Secretario del Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) y quien para la época fungía como Comandante de la Guarnición del Estado Guárico, tal como lo denunciara la periodista y directora del Nuevo País, Patricia Poleo. En forma paralela, el Presidente Chávez designó al oficial como nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército, hecho este que tanto al interior como al exterior de la institución castrense no fue bien visto, toda vez que en ambos sectores se generó la creencia de que Chávez amparaba la corrupción en el seno de la FAN; con acciones como esta, Chávez, lejos de consolidar la imagen de la institución que tanto dice querer, generó un sentimiento de animadversión hacia la FAN por parte del colectivo venezolano.
En este mismo año, el 7 de abril para ser más preciso, el Presidente Chávez anuncia el despido de siete gerentes de PDVSA. Cuatro días después, el 11 de abril, la oposición logró congregar a una de las más populosas marchas vistas en el país; se dice que sobrepasaba el millón de personas. Pasadas las dos de la tarde, se produjo una emboscada y así comienza el triste desenlace. Entre opositores, oficialistas y cuerpos policiales se formó una balacera que dejó 20 personas muertas y más de 100 heridos (figura 9). En horas de la noche, y "ante tales hechos, se le solicitó al Señor Presidente de la República, la renuncia de su cargo, la cual aceptó", tal como lo expreso ante los MCS el entonces Inspector General de la FAN, Lucas Rincón. Con este anuncio desató la confusión, pues fue entendido por algunos sectores como vacío de poder, que sacó de la Presidencia por dos días a Hugo Chávez, y que llevo a que se estableciera, el gobierno "interino" de Pedro Carmona Estanga. 48 horas más tarde, Chávez fue devuelto a la Presidencia después de conocerse un manuscrito en donde manifestaba que no había renunciado.
Luego del “vacío de poder” del 11 de abril de 2002, el público percibe una erosión del apoyo de los militares al presidente Chávez. En un estudio de opinión sobre el tema civil-militar (IVAD/Comprensión de Venezuela, agosto de 2002), ante la pregunta si los militares apoyan al jefe del Estado luego de los hechos del 11 de abril, 40% opinó que sí lo apoyan, mientras que 51% dijo que no. Sin embargo, ante la interrogante sobre si la FAN apoyaría una salida no institucional del Presidente, 38% dijo que sí lo harían, mientras que 51% señaló que rechazarían una salida no institucional del mandatario.
Según Luis V. León (2002), “se ha perdido de tal manera la noción del papel de los militares en la sociedad, que pocos los perciben como elementos garantes de la seguridad y la soberanía nacional”. La empresa Datanálisis, en junio de ese año, en una encuesta de opinión sobre la percepción de los venezolanos en torno a la situación nacional, indagó sobre la labor de los sectores por el bienestar del país, habiendo obtenido los índices siguientes: la iglesia 4.27; los MCS, 4.08; los comerciantes, 4.08; la sociedad civil 3.92; y la FAN el 3.67 lo cual le da una evaluación de regular a los militares (figura 10); en relación a un nuevo golpe de estado se obtuvo que el 75.2% se pronuncio en contra de una salida de fuerza, en tanto que el 14.5% estuvo a favor (figura 11).
También es importante destacar que aún después de los sucesos del 11 de abril, los venezolanos percibieron, según la empresa Datanálisis, que para el mismo mes de abril de 2002 el 34,2% de los entrevistados responsabilizó a Chávez por las muertes del 11-A, y en junio de ese mismo año la cifra habría bajado a 25,1 %. En contraste, a la FAN, específicamente a la Guardia Nacional que estaba con Chávez el 11-A para el mismo mes de abril el 1.1% de los entrevistados le adjudicaron la responsabilidad de los hechos disminuyendo en junio a 0,8%; (figura 12). Al respecto pensamos que esta percepción del problema por parte de los entrevistados se dio, primero, por el hecho de que fue el Presidente quien ordenó aplicar la represión a las fuerzas militares “leales a el” y segundo porque la ciudadanía percibió que la FAN desobedeció la orden de aplicar el “Plan Ávila”.
3.5. 2003 El año del General Eructo
El paro general, convocado a partir del 2 de diciembre de 2002 para forzar al mandatario venezolano a dejar el poder, se prolongó por 63 días. Se realizaron marchas multitudinarias, con banderas venezolanas enarboladas por doquier y el ruido apabullador de las cacerolas; tal era el rechazo hacia el presidente Chávez y los miembros de la FAN, que el respeto que sentía la población por los hombres de uniforme quedó en el olvido, tal y como lo revelan las informaciones periodísticas del momento (figura 13)
Gobierno y oposición participaron en un lento y tortuoso proceso de negociaciones, facilitado por el secretario general de la OEA, César Gaviria, que más bien pareció un diálogo de sordos. Fueron jornadas llenas de efervescencia social, de incertidumbre política, de ánimos exacerbados, de marcados antagonismos, que si bien no lograron su cometido, dejaron huellas indelebles en la conciencia política de los venezolanos. Pero también dejaron traumas.
En la primera marcha del año de la oposición, llamada la Gran Batalla y realizada el 3 de enero, cuyo sitio de llegada estaba pautado en el paseo Los Ilustres, en Fuerte Tiuna, (figura 14); la violencia política dejó como saldo dos muertos y varios heridos. En esta oportunidad la intervención de la FAN en funciones de orden público, se hizo una vez más necesaria, por cuanto los actores de la oposición pretendían pasar hacia una de las llamadas zonas de seguridad, lo que no fue permitido por los militares, recibiendo como respuesta a su negativa granos de maíz y prendas íntimas de damas con lo que se pretendía decirles “gallinas” y “mujeres”. Pero más allá de lo que esto significaba, los opositores reclamaban a los efectivos militares su parcialidad política hacia los miembros del oficialismo, ya que ellos les servían como escudo de protección, lo que indudablemente fue percibido negativamente por el público.
Los resultados de estas actuaciones, a las cuales en nuestra opinión se sumaron las desplegadas durante el mes de diciembre 2002, se reflejaron en el estudio de opinión a nivel nacional realizado por Datanálisis en el mes de febrero 2003, en donde la FAN obtuvo el 3,14% en una escala de 1 a 5 ( ver tabla 18)
Respecto a la confianza de los venezolanos en las instituciones, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa Pulso Nacional, se observa claramente la posición de los venezolanos frente a la FAN, la cual está por debajo de la Iglesia, universidades, medios de comunicación social, sociedad civil y PDVSA (tabla 19). Con respecto a la probabilidad de la salida del presidente por medio de vías no constitucionales, el mismo estudio dejó plasmado claramente que los venezolanos rechazan de plano esa eventualidad (2%). (Tabla 20)
Días más tarde al frente de un contingente de efectivos, marchó el General Acosta Carlés, quien destapó una botella, ingirió audazmente su contenido, enfrentó su mirada a las cámaras de televisión y lanzó un eructo prolongado y demoledor que estremeció el recinto. "Mañana voy a sacar 'la catira' y después 'el osito'. Porque a mí me gusta la cerveza", desafió. La acción acometida por este “General Patriota” como lo llamó el propio Chávez, produjo resultados nefastos para la imagen de la FAN, de los cuales aún a la fecha de hoy no se ha podido olvidar el público venezolano (Figura 15). Tan es así que el estudio hecho a durante el mismo paro por Mercanálisis arrojó para el mes de diciembre de 2002 que el 66% estaba en desacuerdo con la actuación de la FAN durante el paro, cifra que se reprodujo para el mes de enero 2003 a 65% (figura 16). Los entrevistados denotan descontento con la actuación de las Fuerzas Armadas en el Paro Cívico, tanto en Diciembre como en febrero de este año ubicándose en el séptimo lugar dentro de las instituciones que trabajan por el país, de acuerdo con los resultados del estudio realizado por consultores 21 (figura 17).
Cuando se anunciaron los reparos de las firmas que el CNE calificó como “planas”, la misma empresa consultores 21 en una encuesta realizada en la ciudad de Caracas, sondeó nuevamente cuál era la confianza de los venezolanos hacia la FAN, específicamente en la ejecución del “Plan República”, obteniéndose como respuesta negativa un 56% respecto a 36% que sí tenían confianza en la institución, que tradicionalmente se ocupa de custodiar los procesos electorales. (Tabla 21)
Llegados los meses de junio y julio de 2003, Datanálisis indagó sobre la labor de los distintos sectores por el bienestar del país. Los resultados que se obtuvieron en relación con la FAN fue de 3,40 puntos en una escala de 1 a 5 (figura 17)
Más adelante, durante los meses de septiembre y octubre, en la investigación realizada por Vargas, A.; Reverón, Z. denominada Opiniones y Valores Políticos de los venezolanos al inicio del siglo XXI, en donde se preguntó cuál era el grado de confianza hacia 20 organizaciones, los resultados permitieron identificar que el 60,6% de los encuestados señalaron tener mucha y bastante confianza en la Iglesia. Esta percepción la ubica en el primer lugar de las organizaciones de confianza para la población. En segundo lugar se ubican las Universidades con el 52,6% y en tercer lugar la televisión con el 31,9%. Las siguientes instituciones u organizaciones tiene un porcentaje de confianza muy cercano o aún menor: la Fuerza Armada, veintinueve por ciento (28,7%); las organizaciones de la sociedad civil, veinticinco por ciento (25%); el Gobierno de la República, veinticuatro por ciento (24%); las grandes empresas, veinte por ciento (20%); el Consejo Nacional Electoral, dieciocho por ciento (18%); la Coordinadora Democrática, quince por ciento (15%); la policía, doce por ciento (12%); la Asamblea Nacional, doce por ciento (12%); los tribunales, doce por ciento (12%); la administración pública, diez (10%); los sindicatos de trabajadores, siete por ciento (7%); los partidos políticos, el cinco por ciento (5%). (Figura 19).
3.6. La Arremetida de la FAN
Si los años anteriores en plano político fueron conflictivos y de gran desgaste para la FAN, el 2004 no fue diferente. El 27 de febrero de 2004 se escenifica una protesta en Caracas, organizada por la CD, en la que se intenta entregar un documento de denuncia contra el CNE en torno al RRP a los Presidentes asistentes a la Cumbre de Río. Desde ese momento se realizan violentas protestas en varias ciudades del país que dejan como saldo más de una decena de fallecidos y más de un millar de heridos, además de las denuncias de tortura y desaparición de personas. La orden de reprimir a toda costa a los manifestantes ya estaba dada. Nuevamente, la FAN fue utilizada para masacrar al pueblo que manifestaba pacíficamente, comprometiendo aún más la imagen de los militares por su participación en acciones de este tipo, que tal y como se recordara, Chávez y los golpistas del 4 de febrero de 1992 criticaron al gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando este ordenó reprimir a los manifestantes del Caracazo y que tomaron como una de las justificaciones para dar el golpe (Figura 20).
El presidente, en su afán de hacerse líder dadivoso de la FAN, prefirió exaltar el desbordado ánimo represivo de algunos de sus miembros, imponiendo unas dudosas condecoraciones por méritos a quienes más se destacaron en el atropello a los manifestantes del 27 de febrero de 2004 (figura 21). No obstante la gravedad de los hechos comentados, lo más alarmante del discurso del Presidente en el Comando Regional No 5 de la GN, fue su exaltación de la violencia represiva en los militares, y peor aún la omisión del respeto a los Derechos Humanos y al talante democrático como componentes esenciales de la doctrina militar venezolana contemporánea.
En relación con los hechos anteriormente narrados, Datanálisis al realizar un trabajo de campo sobre la posición del público con respecto a la actuación de la FAN durante la manifestación del viernes 27 de febrero, que pretendía llegar al Teatro Teresa Carreño, obtuvo, que el 58.3% estaba en contra de la Guardia Nacional y el 54.8% en contra de la PM. (Figura 21)
Lo militar parece asaltar al Presidente, invadirlo, perturbarlo. Chávez no ha salido aparentemente de la dualidad de su condición civil-militar; todavía tiene la idea de que vive y manda dentro de los cuarteles. Por eso, en vez de actuar como Jefe de Estado y -en su calidad de máximo representante del Poder Civil- Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, se comporta gremialmente, parcializado en su visión militarista de la vida, restándole a su desempeño institucional el equilibrio y la inextricable carga pedagógica que lo debe distinguir.
El mes de marzo tampoco fue diferente pues, como protesta por los reparos de las firmas “planas” impuesto por el CNE, la sociedad civil aplicó las llamadas "guarimbas", sus activistas efectuaron cierres violentos de calles, que dejaron un saldo oficial de nueve muertos, numerosos heridos y detenidos. Nuevamente la FAN arremete en contra de la población en forma arbitraria y en franca violación a los derechos humanos y su imagen vuelve a ser el plato fuerte de los venezolanos (figura 23)
Días más tarde, el 30 de marzo, un incendio en una sala disciplinaria en Fuerte Mara, ubicado en la subregión de La Guajira, Estado Zulia, deja como saldo ocho soldados gravemente heridos. Ante tales hechos la colectividad emite opiniones en contra de la FAN. El gobierno reaccionó alegando que había una confabulación contra la moral y la institucionalidad de la FAN. El 4 de abril, horas después de que el Presidente Chávez desestimara los acontecimientos por tratarse de "quemaduras leves”, muere el primer soldado y días después muere otro (figura 24).
Paralelamente a este hecho, la justicia militar también actuó contra otros oficiales activos y retirados por haber emitido opiniones en el caso del incendio de Fuerte Mara, en Maracaibo. Tal fue el caso del General Francisco Usón Ramírez, quién fue acusado por el delito de ultraje a la Fuerza Armada. El 11 de octubre fue condenado a 5 años y 3 meses; para la fecha en que realizamos este trabajo, aún no se han encontrado los culpables. En un gobierno serio, los oficiales inmediatamente responsables hubiesen sido suspendidos y puestos a la orden de las investigaciones judiciales; y los presuntos involucrados materialmente, retenidos en calidad de sospechosos, de lo cual debió informar el ministro de la Defensa a la Nación, o, en su defecto, el Comandante General del Ejército.
Eso era lo que tanto los militares al interior de los cuarteles esperaban, como también la población. Pero nada de eso ocurrió, por el contrario, la confianza y la credibilidad de la institución militar se vieron seriamente comprometidas, gracias al manejo de los hechos por parte del gobierno.
Los resultados por las actuaciones realizadas por la FAN desde el comienzo del 2004 fueron reflejados en un estudio realizado por Datanálisis en relación con los sectores que trabajan por el bienestar del país. Tal fue el rechazo del público hacia el sector castrense que quedo por debajo de la CD, en el puesto 11 con un 44% de aceptación (figura 25).

La madrugada del 9 de mayo, un grupo de 50 ciudadanos colombianos fue detenido en las inmediaciones del municipio El Hatillo, en Caracas, con uniformes militares venezolanos. El gobierno ofreció las primeras versiones de los hechos señalando a los detenidos como presuntos paramilitares, (figura 26).
En su oportunidad, el propio Presidente Chávez (2004) calificó la actuación de la siguiente manera:
afortunadamente logramos abortar el plan macabro, por lo que quiero darle gracias a Dios y hacer un reconocimiento a nuestras unidades de inteligencia, tanto civiles como militares, que abortaron este plan que pretendía, entre otras cosas, asaltar la base aérea de La Carlota y atacar el Palacio de Miraflores para ir por mí y asesinarme(...)
Explicó que los aprehendidos planeaban transmitirle al mundo una falsa idea sobre un enfrentamiento entre el Ejército y la Guardia Nacional. Para ello, bombardearían Miraflores con aviones artillados.  ́Con la complicidad de algunos militares venezolanos, quienes han pasado a ser unos verdaderos traidores a esta patria.
Posteriormente a este hecho, la empresa Mercanálisis al indagar sobre la confianza en las instituciones encontró que el 66% se pronunció a favor de la Iglesia; un 39% se pronuncio a favor de la Televisión; un 38% a favor de los Periódicos; mientras que un 30% se inclino a favor de la FAN, entre otras. (Figura 27). En la justicia militar se abrió el caso de mayor número de acusados de toda la historia. Un general retirado fue condenado por injuria. Este es el juicio más grande en cuanto al número de acusados en la historia de la justicia venezolana, civil y militar.
El 3 de junio, Jorge Rodríguez, presidente de la Junta Nacional Electoral, anuncia que se recolectó el número de firmas suficientes para la revocatoria presidencial. En cadena nacional, el presidente Chávez reconoce que habrá referendo en su contra y anuncia la Batalla de Santa Inés. Nuevamente se ve comprometida la imagen de la FAN al involucrarse no ya como garantes de las elecciones, sino como actores del proceso (figura 28). En relación con la actuación de las instituciones, Mercanálisis elaboró un estudio de opinión obteniendo como resultado, que el 52% de los 47
entrevistados piensa que la institución militar “no funciona bien”, porcentaje igual al del transporte público (figura 29).
Por otra parte, el 9 de diciembre fueron detenidos en Maracay 4 efectivos de la fuerza pública colombiana en compañía de un subteniente del Ejército venezolano. Seis días después, las autoridades militares confirmaron la información y admitieron desconocer la operación. “No sólo deben tomarnos en cuenta a nosotros, sino a los Jefes de Estado. No estaba en cuenta de este procedimiento”, dijo el general Jorge García Carneiro, Ministro de la Defensa. Sin embargo, su homólogo colombiano precisó que la operación contó con “la participación y conocimiento de miembros del Ejército venezolano y del lado colombiano se trata no de miembros del Ejército sino de la Policía Nacional”. Con estas declaraciones se ponía en entredicho lo declarado por las autoridades militares, pero también se puso en juego la credibilidad de las FAN. Finalmente, el 15 de diciembre de 2004 la policía colombiana informó de la captura del guerrillero colombiano Rodrigo Granda Escobar, dirigente internacional de las FARC. Granda, conocido con el alias de "Ricardo González" y miembro del Estado Mayor Central -segundo anillo de poder de las FARC después del Secretariado-,
cayó en poder de las autoridades neogranadinas durante una operación tipo comando efectuada en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en la que participaron militares venezolanos específicamente de la GN. (Figura 30). En relación con este hecho, mucho se ha discutido sobre Rodrigo Granda, pero poco en corno a la actuación de los militares venezolanos. Ante la imposibilidad de tener acceso a estudios de opinión que tocaran la percepción del venezolano en relación con el caso, consideramos que la actuación aislada de estos militares, en cierta forma contribuyó a “lavarle la cara” a la imagen de la FAN, la cual, durante el año que concluyó, se vio seriamente afectada y comprometida ante los venezolanos, especialmente cuando el acontecer político nacional requirió de su intervención.

CAPITULO IV LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA

Con frecuencia, el ciudadano común desconfía de su semejante o de ciertos temas. Los venezolanos no podíamos ser la excepción; somos una sociedad donde el elemento dominante es que le tenemos poca confianza a muchas cosas. Lo usual en una sociedad como la venezolana es que exista algún nivel de desconfianza hacia instituciones o entes del Estado, sean estas públicas o privadas. No obstante, saldos positivos de confianza parecieran ser necesarios para una convivencia social sana, con instituciones necesarias en toda sociedad moderna. El objetivo de este capítulo es mostrar, cuál es la percepción de la población acerca de la Fuerza Armada Nacional y los militares.
A los efectos de lograr este objetivo, se efectuaron análisis de los principales sondeos de opinión desde el año 1992 hasta el 2004 realizados por las principales empresas de investigación de opinión pública del país o empresas extranjeras. Este análisis se llevó a cabo sobre la base de agregados. Ante la imposibilidad de acceder a las bases de datos de las encuestas, con la excepción de los referidos a la encuesta sondeo paralelo 2003, la utilidad de esta data estuvo dada por las tendencias de opinión presentadas a lo largo del tiempo.
Desde esta perspectiva longitudinal del análisis de opinión pública, se hizo énfasis en aspectos como la evaluación de las instituciones, con respecto a quien trabaja más por solucionar los problemas del país, la confianza, la credibilidad y la opinión de expertos sobre temas concretos referidos a los temas anteriores, los cuales nos daban como resultado final la imagen institucional. El trabajo sólo incluye la síntesis de nuestros hallazgos más importantes.
1. Confianza vs Desconfianza.
La realidad es que la opinión de los venezolanos sobre este aspecto ha sido sumamente clara. Sin duda, esta realidad nos habla de un proceso de distanciamiento de lo público, un ensimismamiento, un proceso de individualización evidente. Se confía, se cree en uno mismo, en lo que le es más próximo, cercano, manejable o que le reporte beneficios tangibles y concretos a uno mismo, y se delega, se relega y rechaza, porque no se cree en ellos, ni mucho menos se confía, lo que tenga que ver con lo público, con los demás. Sobre todo si ese otro es o está vinculado con los políticos.
Por otra parte, si la función última de las instituciones es la de la cohesión social, mediante la socialización de sus miembros, el control de sus actos, la sanción de sus conductas, la canalización de sus demandas, la articulación de sus intereses, es vital para una sociedad que las nuevas generaciones tengan grados de confianza significativos hacia quienes se les supone el rol de agentes de la socialización, es decir, de maestros de normas y patrones aceptados socialmente.
2. La Valoración de la Democracia.
Antes de analizar el contenido de los resultados correspondientes a la confianza en la FAN, es necesario acompañar el comentario de las mismas con un análisis previo de la valoración de la democracia en América Latina. De acuerdo al resultado de un estudio realizado por el Comité de Expertos de Administración Pública de la ONU (United Nations committee of experts on public administration) en el 2003 la valoración de la democracia es llevada a cabo a través de tres dimensiones. En la primera se intenta percibir las preferencias ciudadanas a la hora de optar entre democracia y autoritarismo (tabla 22). En segundo lugar (tabla 23) nos interrogamos por el grado de consolidación del régimen democrático, percibido por los ciudadanos y en tercer lugar cual es el nivel de satisfacción con el funcionamiento democracia, que condiciona en gran medida el apoyo a la misma. (Tabla 24)
Los resultados son congruentes con lo dicho anteriormente. Sólo en Uruguay existe una mayoría, simple (por encima del 50%), de quienes se sienten muy o más bien satisfechos con el funcionamiento de la democracia, con un 64%. En los demás países resultados son bien diferentes, destacando en lo negativo Paraguay, donde un 82% admiten sentirse poco o nada satisfechos con la democracia. Destacar en esta misma línea también Perú, con un 74% y Ecuador con un 67%. Con menor intensidad se muestra el descontento en Bolivia (64%), Venezuela (63%), Chile (60%), Colombia (59%) y Argentina (57%).
En el caso venezolano, la inconsistencia o contradicción que existe entre satisfacción con la democracia y su oposición a remplazarla por un régimen autoritario, según algunos analistas, puede obedecer a una desinformación extendida que los hace inconsistentes, o bien a un apego ideologizado y ciego hacia las formas democráticas, o bien que el desempeño de los regímenes militares es evaluado como inferior al desempeño de los gobiernos democráticos. Según Koeneke (2001):
(...) la inclinación democrática del venezolano ha sido fuertemente subrayada y encomiada por analistas diversos, quienes destacan de éste su llaneza, su falta de prejuicios sociales y su comportamiento cerril o levantisco, como indicios de su apego a los valores de la igualdad, la confraternidad y la libertad. (p 197)
En Venezuela, como en otras democracias del mundo, los ciudadanos tienden a poner de manifiesto una fuerte adhesión por los valores, empezando por la libertad, incluyendo a la justicia entre los más importantes, estableciendo así una verdadera diferencia entre la democracia como un ideal que encarna valores como la libertad y la justicia, y la democracia real, con muchos defectos y con otras dimensiones valorativas que tienden a desplazarla cuando se emiten juicios más concretos sobre ella y que están asociadas con la inevitable distinción que se produce de hecho en los sistemas de creencias de los ciudadanos entre los valores que ellos profesan y sus necesidades.
3. Desconfianza Institucional.
La desconfianza en las instituciones es la que va a generar y a la vez es fruto de los problemas de falta de gobernabilidad. Muchos han sido los indicadores utilizados a la hora de medir esta dimensión de la cultura política. En vista de la amplia variedad de factores que pueden incidir en los niveles de satisfacción ciudadana con la democracia (inclusive algunos externos y posiblemente fuera del control de los funcionarios o instituciones democráticas), quizás se logre una evaluación más precisa de las percepciones de la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema democrático midiendo la confianza en las instituciones (figura 31).
Un análisis sobre las opiniones de la ciudadanía sobre ciertas instituciones específicas contribuiría a establecer hasta qué punto su descontento surge sobre todo ante los pobres resultados económicos obtenidos por los gobiernos, o si también nace de la percepción de que los procesos e instituciones centrales de la democracia no funcionan a la altura de las expectativas.
De acuerdo con el estudio realizado por Latinobarómetro (2001), la institución que goza de mayor prestigio en Latinoamérica es la Iglesia Católica (tabla 25 y figura 32) Las encuestas realizadas entre 1996 y el 2001 por Latinobarómetro indican que el 76%, 75%, 79%, 77% y 72% respectivamente de las personas encuestadas (para un promedio regional de 75.8% para los cinco años) manifestaron tener "mucha" o "algo de" confianza en dicha institución.
Los ciudadanos depositan asimismo un nivel considerable de confianza en la televisión, la que ocupa un segundo lugar con el 51%, 46%, 46%, 42%, 49% y 47% por año (1996 a 2001), con un promedio regional de un 47% para el periodo, si bien este nivel de apoyo es considerablemente más limitado que el que recibe la Iglesia Católica. El prestigio y visibilidad de la televisión con respecto a otras instituciones refleja la forma moderna de hacer política, en la cual la imagen personal es al menos tan importante como lo más sustancial de esa actividad. Con el fin de tener éxito en la política, es necesario trabajar en el desarrollo de una imagen atractiva para la televisión, con frecuencia incurriendo en gastos enormes. A su vez, las personalidades de la televisión a menudo desempeñan un papel importante al dirigir y mover el debate político en una u otra dirección, moldear la imagen de los políticos y filtrar las noticias que la ciudadanía recibe.
Estos resultados del Latinobarómetro concuerdan con los obtenidos por el Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercado y Asesoramiento, realizado a mediados del 2001, cuyos datos muestran que el 71% de las personas encuestadas expresaban sentir confianza en la Iglesia Católica, el 51% en las Fuerzas Armadas, un 29% en el Sistema Judicial, 23% en el Congreso y un 15% en los partidos políticos (tabla 26).
A nivel nacional, la percepción de los venezolanos en relación con la confianza en la Iglesia, también ocupo un lugar preferente tal y como lo demuestran los resultados obtenidos en el estudio denominado Opiniones y Valores Políticos de los Venezolanos al inicio del siglo XXI (2003) (figura 33); por lo que a manera de conclusión preliminar, podemos decir que la Iglesia ha sido y es la Institución que es percibida como la que genera más confianza a nivel de los países de la región.
4. El caso venezolano
Hechas las consideraciones anteriores, y para el mejor abordaje del tema planteado, la imagen de la FAN, nos concentraremos en el elemento opinático, es decir, en el clima de opinión pública por el que atravesó Venezuela desde finales del siglo XX, específicamente desde el 27 de febrero de 1989, conocido como “El Caracazo”; hasta principios del siglo XXI, específicamente el período desde la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República en 1999 hasta el año 2004. Antes haremos alusión a la confianza que en América Latina se tiene de la institución armada, para lo cual igualmente tomaremos como referencia el estudio realizado por la organización Latinobarómetro (2001), en el que se obtuvo como resultado que el Ejército (FAN) es la tercera institución más apreciada por los ciudadanos, con índices anuales de 45%, 47%, 42%, 45% y 39% respectivamente, para obtener un promedio de mucha o algo de confianza de 44% para los cinco años que abarca el estudio (tabla 27). Sin embargo, el nivel de apoyo con que cuenta la institución varía de manera sustancial, a lo largo de la región. Así, para el 2001, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, Nicaragua y Argentina, el nivel de confianza en las Fuerzas Armadas es escasamente mayor que el que existe respecto de las principales instituciones representativas. En cambio, en Ecuador, Brasil y Venezuela dichos niveles superan por más del doble los de estas instituciones democráticas (figura 34)
En Venezuela existe una evidente relación entre los niveles de confianza en las instituciones según varíe la estructura de apoyo político. Es decir a mayor apoyo político mayor es la confianza en las instituciones, lo contrario ocurre si el apoyo político es menor.
En el caso especifico de la FAN, el estar de acuerdo con la actual coyuntura política, afecta positivamente a la confianza en la FAN, mientras que el estar inconforme con la situación actual del país, afecta negativamente la confiabilidad no tan solo de la FAN sino de todas las instituciones. Esto nos está indicando que los inconformes desconfían substancialmente más de todas las instituciones que los conformes. Tal y como lo afirman Vargas y Reverón (2003) “el perfil de confianza institucional es significativamente diferente según varíe la estructura de apoyo político”. (p. 132). El resultado obtenido en la encuesta realizada por ambos investigadores denominada Sondeo Paralelo 2003: Opiniones y Valores Políticos de los Venezolanos; Presente y Futuro de Nuestra Democracia, cuya muestra fue de 1200 casos a nivel nacional, el fenómeno para aquellos electores inscritos en el REP que representan los duros a favor de la oposición, encontramos que los primeros lugares los ocupan la Iglesia, las Universidades, la TV y la prensa. Aquellos que se ubican en la categoría de “mucha y bastante” confianza, respecto a la iglesia representan el sesenta y nueve por ciento (69%) de estos los electores específicos, respecto a las universidades el sesenta y dos por ciento (62%), respecto a la televisión el cincuenta por ciento (50%) y respecto a la prensa el cuarenta y dos por ciento (42%). La FAN que se ubica en el cuarto lugar para todos los de electores en el REP, pasa al décimo tercer lugar para estos electores específicos. Así, aquellos que tienen “mucha y bastante” confianza en ella pasan del veintiocho por ciento (28%) de todos los electores inscritos en el REP, al dieciséis por ciento (16%) de estos electores en particular (figura 35)
Mientras que la confianza en las instituciones por parte de los duros del gobierno, encontramos que los primeros lugares de confianza los ocupan el gobierno de la República, la FAN, las Universidades, la Iglesia, la Asamblea Nacional, y la Administración Pública.
Así, respecto a estos electores en particular, aquellos que se ubican en la categoría de “mucha” o “bastante” confianza, al gobierno de la República representan el ochenta por ciento (80%); respecto a la Fuerza Armada, el sesenta por ciento (60%); respecto a las universidades, representan el cuarenta y cuatro por ciento (44%); respecto a la iglesia, el cuarenta por ciento (40%); y respecto a la Asamblea Nacional el treinta dos por ciento (32%). Igualmente, aquellos que tienen “mucha” confianza en la Televisión, los tribunales, las organizaciones de la sociedad civil, la prensa, las grandes empresas, los partidos políticos, la policía, los sindicatos de trabajadores, la Coordinadora Democrática, y la Radio, tienen niveles de confianza inferiores al diez por ciento (10%) de estos electores específicos. (Figura 36)
A pesar del alto porcentaje que representan aquellos que tienen “mucha y bastante” confianza en el gobierno, el promedio del grupo de instituciones u organizaciones denominado por nosotros “Autoridades del Estado - Gobierno” no tiene un nivel de confianza tan alto. Esto se debe a que los duros de apoyo al gobierno, centran su confianza en el gobierno en general y en la Fuerza Armada, sin embargo instituciones como el Consejo Nacional Electoral, los tribunales, la policía representan niveles de confianza bajos para los duros del gobierno.
Es de suponer que la inclinación actitudinal hacia es la coyuntura política actual, está llevando a aquellos venezolanos que no están conformes con el “proceso” a la incredulidad frente a todo y a todos, al descreimiento institucional, al recelo y al escepticismo, aunque en la génesis de ese inconformismo hallemos, probablemente, al mismo descrédito institucional. Porque a la postre, inconformismo y desconfianza tienden a retroalimentarse en una espiral finita, en cuyo extremo sólo se halla crisis, desconfianza y desintegración social.
Esta afirmación, a nuestro juicio, tiene implicaciones políticas muy importantes. El inconformismo alentado por la prensa nacional, los opinadores de oficio, las encuestas de opinión, los partidos políticos y los antipolíticos, los gremios, las asociaciones, los vecinos, la sociedad civil, etc., ha atentado y atenta contra la confianza en la institución militar, que en resumidas cuentas lo que ha hecho es, en función de su misión constitucional, dar cumplimiento a lo allí ordenado. Así fue en el pasado y así es ahora, habiendo incidido negativamente en la confiabilidad de nuestra FAN a niveles que van mucho más allá, incluso, de lo que ella se merece. En términos generales encontramos en los estudios de opinión pública a los que se tuvo acceso que la confianza en las instituciones u organizaciones es baja. Sin embargo, los estudios de opinión pública realizados desde la década de los ochenta y hasta el 2004, revelan reiteradamente que los venezolanos tienen una buena percepción de la FAN, con sus altibajos, los cuales obedecen a situaciones particulares ocurridas en el entorno político social del país.
No obstante, sin que se tomaran en consideración los posibles efectos que causaría la participación de la FAN en el acontecer político del país, el gobierno decidió otorgar un nuevo rol a nuestras “Fuerzas Armadas”, basado en una mayor participación de la institución castrense en los asuntos civiles del Estado, aludiendo a que es la única institución exenta del germen político tal y como quedó plasmado en la CNRBV. En ella, como se indico, se le cambió su rol tradicional, otorgándole, entre otras prerrogativas el derecho al voto así como beligerancia en el debate político.
Por otra parte, se sabe que nuestro sistema político ha venido padeciendo de una cada vez más severa debilidad institucional, que se expresa en su discapacidad funcional y su consiguiente pérdida de legitimidad ante la sociedad venezolana. Durante años, el discurso de los propios partidos políticos explicó esta discapacidad como consecuencia de ellos mismos, con lo cual generaron un sistema de culpas que, lejos de alcanzar soluciones a las fallas institucionales, acabó con el prestigio de los partidos y sembró la idea de que sin partidos ni políticos la cosa funcionaría bien. Esto condujo a que el proselitismo más eficaz para captar adeptos, fuera aquel que dejara en claro la “no pertenencia” a ninguna agrupación de corte político – partidista.
El resultado es que ahora tenemos un escenario donde el nuevo juego político venezolano se está caracterizando por individuos que se definen a sí mismos como integrantes de la “sociedad civil”, y por una institución, la FAN, que se presenta como más política y abiertamente deliberante, la cual, hasta la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia del la República, era considerada la institución del Estado que por convicción y normativa quedaba aislada de la acción horadante del discurso “apolítico”.
Dentro del llamado “proceso” en sus inicios, al que luego se llamó “revolución”, y cuyo resultado es aún incierto, los venezolanos se sienten cada vez menos a gusto con sus instituciones en cuanto a la labor de éstas para solucionar los problemas del país. De acuerdo al resultado obtenido por la firma Consultores 21 en un estudio de opinión realizado a nivel nacional urbana, con una muestra de 1.500 personas y representativa de aproximadamente el 78% de la población adulta del país, en cuanto a el trabajo de las instituciones por solucionar los problemas del país, hecha en el mes de enero de 1999, aún y cuando Hugo Chávez no había asumido la Presidencia de la República, pero ya era el Presidente electo, el “Gobierno actual” pasa en apenas un mes de -56 puntos (diciembre 98) a 48 puntos (enero 1999) hecho que podríamos suponer se debe a la percepción del venezolano de que ya Chávez era el presidente. No obstante y estar muy bien ponderado para el primer trimestre del año 1999, cinco meses después pierde 23 puntos. La misma incidencia es válida para el partido de Gobierno, el MVR, quien también pierde en cinco meses 10 puntos y la FAN en el mismo período pierden 5 puntos, mientras que las ya desprestigiadas instituciones tradicionales, como el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la CTV y los partidos políticos, se siguen manteniendo en los últimos lugares (figura 37)
Del cuadro anterior, podemos observar que los referentes institucionales que la opinión pública considero que trabajan por resolver los problemas del país, tenemos que la FAN, el pueblo, el Gobierno, los medios de comunicación y la Iglesia, constituyen los entes que aún mantienen popularidad. Mientras que Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, la CTV, los partidos políticos, Gobernadores y Alcaldes, son percibidos como las instituciones mas desacreditadas. Pero, si ante la falta de apoyo institucional, la única propuesta pareciera ser el exterminio, debemos advertir que tal práctica estaría exterminando a los entes de intermediación.
Entre los referentes con apoyo, los Medios de Comunicación y la Iglesia, al menos son instituciones beligerantes y, eventualmente, podrían convertirse en entes de intermediación, pero con ello estarían asumiendo un rol institucional que no les pertenece y para el cual sus estructuras no están diseñadas. Nos quedaría el neonato MVR, demasiado disperso e improvisado por los momentos, y la FAN. Ahora bien, es comprensible que durante los primeros meses de gobierno chavecista, las FFAANN fueron percibidas como el ente que más trabaja por el país, a fin de cuentas, los recursos humanos provenientes de sus filas estaban entonces realizando labores tan diversas que van desde el cobro y la administración tributaria, hasta el aseo de quebradas en zonas populares. Hemos considerado presentar adicionalmente, a modo de conclusiones preliminares, parte de las investigaciones realizadas en el año 2002 por la ONG Comprensión de Venezuela para conocer la percepción sobre lo militar. Esta contrató al Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), que dirige el Doctor Félix Seijas, un estudio nacional, cuyo título es: “Percepción de la población acerca de la Fuerza Armada Nacional y los militares” que nos ilustra y resume grosso modo la percepción general del venezolano sobre la FAN. El estudio arrojó, entre otros resultados, que la mayoría tiene una percepción de que la FAN como institución es Buena (44.7%) mientras que el 7% la percibe como mala o pésima. (Tabla 28).
En cuanto a la función de los militares, la inmensa mayoría dijo que la principal función de la FAN era la defensa del pueblo (26.7%) (tabla29)
En cuanto a la calificación del cumplimiento, por parte de la FAN, de las actividades asignadas la mayoría opinó que era bueno, con excepción del combate contra la corrupción (32%) y el combate contra los secuestros fronterizos (34%) (Tabla 30).
En relación con la Imagen de los componentes de la FAN la mayoría estuvo a favor de la Armada (84%) mientras que la más rechazada fue la Guardia Nacional con (78,4 %) (Tabla 31).
En cuanto a la opinión acerca de los resultados obtenidos por los servicios prestados a la comunidad por la FAN, a través del Plan Bolívar 2000, la mayoría se inclinó porque habían pocos o ningún resultado (57%), frente a quienes los consideraron buenos (40%) (Tabla 32). Respecto a la opinión acerca de la corrupción en el Plan Bolívar 2000, la mayoría opinó (52%), que si ha habido mucha corrupción (tabla 33).
En materia de la capacitación de los oficiales de la FAN para el desempeño de altos cargos en la administración pública, el 55.0% opinó que sí están capacitados (tabla 34). En cuanto a la opinión acerca de quienes deberían ser ocupados los altos cargos de la administración pública, la mayoría expreso que deben ser ocupados por civiles y militares (45%), aunque un (41%) se manifestó por los civiles (tabla 35).
Sobre el grado de confianza que a los entrevistados le merece cada uno de los componentes de la FAN, la Aviación fue la más votada (57%) mientras que el Ejército fue el componente menos confiable (tabla 36); en cuanto al componente de la FAN que se considera trabaja más por el país, esta vez le correspondió a la Guardia Nacional con un (52%), mientras que la Aviación es el que menos trabaja (tabla 37).
Al indagarse sobre la Imagen de las Instituciones en general, Las Universidades ocuparon la posición de vanguardia (89%), seguidas por la FAN (81%) (Tabla 38)
Finalmente podemos decir que paradójicamente con lo que comúnmente se afirma en relación con la imagen de la FAN y en plena concordancia con lo que afirma Koeneke (2001):
En el mundo político, contrariamente a lo que a menudo se afirma, no son los valores sino las actitudes (las cuales se definen como las predisposiciones de los individuos a evaluar objetos, o símbolos de manera favorable o desfavorable, lo que esta vinculado, como se dijo, con la satisfacción de sus necesidades. Sus componentes incluyen, además del afectivo que se traduce en el gusto o rechazo por un objeto, el componente cognitivo o de conocimiento de dicho objeto y el conativo o de intención conductual hacia él) las que mejor predicen el comportamiento de los ciudadanos. (p.199).

CAPITULO V 
CONCLUSIONES
La Fuerza Armada Nacional se ha constituido en una referencia ineludible en el acontecer político venezolano tanto de finales del siglo XX como de principios del siglo XXI, habiendo sido su actuación en ese escenario objeto de elogios pero también de críticas, las cuales han provocado que la que la confianza, la credibilidad e imagen se hayan visto en muchos casos seriamente comprometidas. Estos importantes aspectos han sido presentados en las páginas que preceden a este apartado. Seguidamente exponemos las conclusiones del tema propuesto en este trabajo.
1. El análisis y las reflexiones en torno al rol de la FAN, definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en comparación con el texto constitucional del año 1961, fueron expuestas en la primera parte del presente trabajo y se concentran en el papel que el nuevo texto constitucional de 1999 señala a la institución militar, particularmente en el capítulo II, denominado Análisis histórico comparativo del rol de la Fuerza Armada Nacional en la constitución de 1961 y la de 1999.
El análisis de ambos textos constitucionales nos condujo a centrarnos en los siguientes aspectos:
1.1.A partir de 1999, la Fuerza Armada adquiere ciudadanía política al lograr el derecho al voto y reducir las limitaciones políticas a sólo ser una institución “sin militancia política”. Ahora está liberada de la camisa de fuerza de los principios liberales de “apolítica, obediente, no deliberante y subordinada al poder civil”.
1.2.La Fuerza Armada y sus integrantes logran que la materia de seguridad nacional y asuntos militares conexos adquieran rango constitucional, lo que refuerza su poder real frente a los civiles.
1.3.El poder civil, formalmente institucionalizado en las normas que le dan atribuciones de control sobre las funciones de la institución militar, han perdido parte de su poder al ser trasladado al Ejecutivo la decisión de promover los ascensos militares sin solicitar autorización al poder legislativo.
1.4.El poder legislativo conserva, formalmente, el control sobre la formulación y decisión de las leyes que regirán las funciones de la Fuerza Armada y de aquellas relativas a la Seguridad de la Nación; así mismo, conserva su función de decisión sobre el presupuesto y el control de los gastos militares a través de la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea.
1.5.El poder militar logra ampliar sus funciones más allá del ámbito exclusivamente militar y tiene responsabilidad en los asuntos de orden interno y en la formulación de las políticas de desarrollo nacional.
1.6.La relativa independencia y autonomía de las Fuerza Armada venezolana, otorgada por la Constitución de 1999, le permite aparecer en el escenario político como la única fuerza real con posibilidades de comportarse como un actor político. Pero tienen limitaciones formativas, como la prohibición del proselitismo.
2. textos constitucionales de 1961 y de 1999 respectivamente, nos permitió proseguir en nuestro trabajo de investigación, esta vez desarrollado sobre la imagen de la Fuerza Armada Nacional de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y específicamente en torno a los aspectos relacionados con los diferentes momentos históricos que vivió el país a partir de “El Caracazo” en el año de 1989 hasta la captura del líder guerrillero de las FARC-EP, Rodrigo Granda, alias “El Canciller” y su posterior entrega al gobierno de Colombia por parte de miembros de la FAN en diciembre de 2004. A tales efectos fueron comparadas, como se señaló anteriormente, dos épocas: La primera, que tiene sus orígenes en los golpes de estado de 1992 y que continúa con el gobierno de Rafael Caldera 1994 -1999, último año este en que Hugo Chávez Frías, por el voto popular emitido en diciembre de 1998, llega a la Presidencia de Venezuela. En la segunda, se destacaron los
El estudio y análisis del papel de la FAN, a la luz de la comparación de los principales hechos del acontecer político del país desde que Hugo Chávez asume el rol de Comandante en Jefe de la FAN, con énfasis esencialmente en la actuación de la FAN en su trabajo por el país como institución y la credibilidad y confianza que depositan los venezolanos en ella, lo que nos da una idea de la imagen de la institución castrense.
3. Finalmente, se concluye con el análisis de la FAN en los estudios de opinión pública tanto nacionales como extranjeros, realizados por las diferentes empresas que se ocupan del tema, dedicándonos en primer lugar a hablar someramente del proceso de confianza vs. desconfianza en las instituciones por parte de los latinoamericanos, los valores de la democracia, para finalmente ocuparnos del caso venezolano.
4. BalanceFinal
Finalmente podemos hacer un balance final sobre el sentido y significación que ha tenido este trabajo, los cuales se vinculan con las instituciones que se evalúan en el campo de la opinión pública y con una especialmente, que es el tema especifico de este trabajo, nos referimos a la Fuerza Armada Nacional, ¿Cuál es la percepción que tiene el ciudadano sobre el papel que está jugando la institución armada, en especial desde que Hugo Chávez rige los destinos del país? O dicho de otra manera ¿Cuánta confianza y credibilidad le genera a la gente la FAN? ¿Le tienen mucha o no les tienen confianza? Para dar respuesta a estas interrogantes, algunos comentarios nos parecen oportunos:
4.1. En primer lugar, es pertinente señalar, que en los estudios de opinión pública a los que hicimos referencia a lo largo de este trabajo encontramos tres grupos de instituciones claramente diferenciadas en relación a la confianza de los ciudadanos en ellas:
FAN
Grupo 1: Mayor confianza MCS Universidades
Grupo 2: Nivel de confianza medio
Grupo 3: Menor confianza
Iglesia Católica
Empresarios Gobierno Nacional
Partidos Políticos Poder Judicial Asamblea Nacional
4.2. FAN, esta no constituye una excepción. La realidad es que la opinión de los venezolanos sobre este aspecto ha sido sumamente clara. Se confía, se cree en uno mismo, en lo que le es más próximo, cercano, manejable o que le reporte beneficios tangibles y concretos en términos personales.
4.3. Los niveles de confianza en las distintas instituciones no son uniformes y no se comportan de manera similar en los distintos segmentos o sectores sociales; en el caso específico de la FAN, la posición política, el sexo, el nivel socio económico, la edad, la situación demográfica tienden a influir diferencialmente en el nivel de confianza en las mismas que expresan los ciudadanos.
4.4. Los datos aportados sobre la percepción del público, en relación con la FAN nos indican que los ciudadanos no creen ciegamente en ella como institución reguladora de la sociedad, especialmente cuando se trata de defender uno de los valores mas preciados por la sociedad venezolana: la libertad.
5. Epílogo
El militar y lo militar, constituyen componentes esenciales y decisivos de la vida política venezolana y de manera especial en los inicios del siglo XXI; tan decisivos
La confianza en las instituciones nunca será total, y en el caso de la que, a pesar de los sucesivos cambios de rol que ambos han experimentado, en particular desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia de Venezuela, su presencia nunca ha dejado de interferir en los modos como se ejerce el poder político, el oficio de gobierno y, sobre todo, la primera magistratura del país.
La imagen de los militares y de lo militar ya no es tan precisa. Hoy en día, un militar transmite a la población una mezcla confusa de roles y de imágenes, tanto, como los nuevos oficios que asume o las mascaras que le corresponde usar, si tuviéramos que resumirlo diríamos con preocupación que estamos frente a una institución de imagen pública extraviada, construida a lo largo de todo el período democrático venezolano, pero que aún no logra hacerse de una imagen nueva, creíble, confiable y respetable.
El proceso de militarización del aparato gubernamental, y ante un cuadro ambiguo y patético de confusión de roles por parte del Presidente de la República, corresponde más a la imagen del militar pretoriano que a la imagen del militar profesional o revolucionario.
En perspectiva futura podemos precisar que, la nueva coyuntura política del país ha expuesto a la institución militar a cuestionar formas fundamentales de su razón de ser: el respeto a la Constitución y las leyes de la República y de sus instituciones, con lo cual surgen un torbellino de paradojas, cuyo desenlace probable sería demasiado osado pronosticar.
Finalmente podríamos preguntarnos: ¿Debemos volver a Carabobo? Cada uno debe regresar a su condición. Que el político vuelva a la política, el sacerdote al sacerdocio, el empresario a la empresa, los MCS a sus noticias, las Universidades a sus aulas y la FAN a su cuartel. La última palabra parece tenerla, desde luego indecisamente, las instituciones. Con esta reflexión final, concluye este trabajo sobre la imagen de la FAN.

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